Algunos han calificado como una jugada inteligente, incluso brillante, la decisión de Gabriel Boric de presentar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, asegurando previamente el apoyo de países relevantes como México y Brasil. Pero cabe una pregunta incómoda: ¿Inteligente para quién? Desde luego, no para Chile.
Una candidatura de esta naturaleza exige algo más que respaldos externos, exige legitimidad interna. Cuando un país postula a una figura a un cargo de esta magnitud, el consenso transversal no es un adorno diplomático, es la base de su credibilidad. Los procedimientos importan tanto como los nombres; se requiere consultas internas amplias, coordinación con el gobierno entrante y una estrategia diplomática de largo plazo. Gobierno y oposición deben respaldarla como política de Estado, no como la última jugada de un mandato que se extingue. La fortaleza de una postulación no radica solo en la trayectoria de la persona propuesta, sino en la señal institucional que entrega el Estado que la respalda. Solo así se proyecta continuidad y confiabilidad ante la comunidad internacional.
Ese consenso, además, no podía darse por supuesto. Michelle Bachelet es una figura de relevancia internacional, pero en la política chilena no ha sido un factor de unidad transversal en los últimos tiempos. Su liderazgo ha estado asociado a adhesiones intensas y también a divisiones profundas. Pretender que su nombre ordenaría un respaldo unánime sin un trabajo político previo interno es desconocer esa realidad.
Se optó por conversar hacia afuera y dejar el debate hacia adentro para después, o para nunca. Más que fortalecer la postulación, se instala la sospecha de instrumentalización política doméstica justo cuando se requería despejar cualquier sombra.
La política tiene una doble obligación de ejemplaridad. Primero, porque su ausencia erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Segundo, porque las élites marcan estándares de conducta que se irradian al resto de la sociedad. Cuando se relativizan las formas en decisiones de alto interés nacional, el mensaje es que los procedimientos y los consensos son secundarios frente a la conveniencia del momento.
Chile ha construido durante décadas una reputación de responsabilidad institucional, diálogo entre gobiernos salientes y entrantes, y manejo cuidadoso de políticas que trascienden un período presidencial. Esa cultura de Estado es un activo estratégico. Debilitarla por apuro o cálculo es un costo que el país paga mucho después de que la coyuntura política ha pasado.
Este episodio revela, además, la dificultad de construir consensos internos incluso en materias que exigen altura de miras. Y si no somos capaces de acordar una estrategia común para representar al país en el escenario internacional, ¿cómo enfrentaremos unidos los problemas urgentes que afectan a los chilenos?
En ese sentido, las formas no son un detalle, son parte del fondo. Cuando se debilitan las formas, se debilita el Estado. Y eso, al final, lo pagan los ciudadanos.
Por Iris Boeninger, economista y exembajadora
🔥 Ver noticia completa en LaTercera.com 🔥
