El Ciudadano
Un consorcio de empresas chinas ofreció al gobierno llevar fibra óptica a Rapa Nui y la isla Juan Fernández, territorios que solo pueden conectarse a internet a través de Starlink, propiedad de Elon Musk. La propuesta que no implicaría costos para el Estado, desató la ira de la administración de Donald Trump a tal punto que decidió suspendido las visas de tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”.
Un consorcio de empresas chinas ha puesto sobre la mesa una oferta que Chile ha buscado durante décadas: llevar internet de alta velocidad a Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández. La propuesta, que no tendría costo para el Estado chileno, llegó en el marco de las negociaciones reservadas del proyecto de cable submarino Chile China Express. Sin embargo, lo que promete ser un salto tecnológico y de soberanía comunicacional para los territorios insulares de nuestro país, ha desatado una tormenta geopolítica con Estados Unidos, que acusa al proyecto de socavar la seguridad regional.
La columna vertebral de internet globa está compuesta cables submarinos —por los que viaja el 95% del tráfico de datos de todo el mundo— y que se concentran en el hemisferio norte. En el caso concreto de Chile, solo tiene en operación cables que lo conectan con EE.UU., lo que ha gatillado que la iniciativa de las empresas de la potencia asiática enfrenten la oposición de Washington.
El pasado 26 de noviembre, un consorcio conformado por los gigantes tecnológicos chinos —China Telecommunications Corporation, China Mobile Communications Group y China United Network Communications Group— ingresó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) una solicitud formal para obtener una concesión que les permita construir el cable submarino conocido como Chile China Express. Este ambicioso proyecto contempla una inversión cercana a los US$500 millones y busca unir Valparaíso con Hong Kong, estableciendo una ruta directa de datos a través del Pacífico.
Un «branch» hacia Rapa Nui y la isla Juan Fernández
Sin embargo, lo que ha cambiado las reglas del juego no es solo la megaobra continental, sino un gesto hacia los territorios más apartados de la nación. Según consignó Reportea.cl, durante las conversaciones reservadas sostenidas entre los representantes del consorcio chino y el gobierno chileno, emergió un ofrecimiento de levar a cabo la instalación, sin costo para el erario nacional, de un ramal de fibra óptica para conectar Rapa Nui y la isla Juan Fernández.
Actualmente, estas territorios dependen exclusivamente de la conexión satelital proporcionada por Starlink, la empresa de Elon Musk, para acceder a internet. Se trata de una solución tecnológica, sí, pero que no se compara en velocidad, estabilidad ni capacidad con la fibra óptica. La posibilidad de integrar estas comunidades al mundo mediante un cable físico ha sido un anhelo de larga data en La Moneda, descartado sistemáticamente por sus altos costos.
De hecho, cuando se negoció el diseño del cable submarino Humboldt —el proyecto desarrollado en alianza público-privada con Google que conectará Chile con Oceanía—, se analizó llevar una extensión hacia los dos territorios. La idea se desechó debido a que el desembolso para el Estado chileno rondaría los US$100 millones.
La solución técnica ofrecida por las empresas chinas se basa en instalar un «branch» o unidad de derivación en el fondo marino. Este dispositivo, inserto en la ruta principal del cable, permitirá desviar una parte de la señal de datos hacia Rapa Nui y Juan Fernández, creando así una ruta secundaria de alto rendimiento.
Pero la propuesta va más allá, de acuerdo con el medio citado también se analiza la instalación de una estación de regeneración de señal en la misma Rapa Nui. Este mecanismo garantiza la calidad de la señal que viaja miles de kilómetros, asegurando que los habitantes de la isla disfruten de una conexión de alta velocidad.
Según revelaron tres fuentes de distintos ministerios, el diseño de la ruta ya está en marcha. El trazado contempla dos grandes segmentos: el primero conectaría Hong Kong con Papúa Nueva Guinea, y el segundo uniría ese punto con las costas chilenas, desde donde se desprenderían los ramales hacia las islas.
La ira de Washington: ¿Seguridad o monopolio?
La reacción de a administración del presidente estadounidense, Donald Trump, alcanzó niveles de sanción inéditos para un aliado histórico como Chile. El argumento de la Casa Blanca la Ley de Seguridad Nacional de China, un marco legal que, en teoría, permitiría a las autoridades de ese país solicitar a sus empresas la entrega de datos confidenciales que transiten por sus infraestructuras. Bajo esa premisa, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció la suspensión de visas para tres funcionarios chilenos clave: el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.
La acusación formal los señala por «socavar la seguridad regional», al dirigir o apoyar actividades que comprometerían una infraestructura crítica de telecomunicaciones. Sin embargo, fuente diplomáticas que han conversado con representantes de la embajada estadounidense, citadas por Reportea, señalaron que el malestar real del gobierno del magnate republicano sería geopolítico y comercial. «Todos los cables submarinos vigentes y en construcción en Chile están vinculados a intereses estadounidenses, y la iniciativa china amenaza esa exclusividad», indicaron.
Esta visión se ve reforzada por un antecedente que inquieta en Washington. Desde 2020, está en operación un cable submarino que conecta Fortaleza, en Brasil, con el puerto de Kribi, en Camerún, operado por una empresa estatal china. En el Departamento de Estado estiman que esa ruta podría eventualmente enlazarse con la que uniría Valparaíso con Hong Kong, otorgándole a China una red autónoma de transmisión de datos entre América del Sur, África y Asia, sin depender de los cables bajo influencia estadounidense.
Presidente Boric: «No aceptamos imposiciones»
«No aceptamos imposiciones de ningún otro respecto de las decisiones soberanas que se tomen en Chile», respondió tajante el presidente Gabriel Boric.
«Como Jefe de Estado, como Presidente de Chile, les digo que nuestro Gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile, por supuesto, ni de ningún otro país», afirmó.
El mandatario descartó que exista algún riesgo para la seguridad regional y aseguró que su Gobierno actúa con «certidumbre».
«Nosotros siempre, siempre, tomamos todos los resguardos; analizamos siempre todas las alternativas en conformidad a la ley chilena y al derecho internacional, y puedo con total tranquilidad, con certidumbre, descartar que haya ningún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica», enfatizó
Por su parte, el canciller Alberto Van Klaveren calificó la medida como «unilateral» y confirmó la presentación de una nota de protesta. «Como Gobierno condenamos esta medida de carácter unilateral que vulnera la soberanía de nuestro país», enfatizó.
La encrucijada del gobierno entrante
La decisión final sobre el Chile China Express no está tomada. Si bien la solicitud del consorcio ya cuenta con la aprobación técnica de la Subtel —las observaciones al proyecto fueron subsanadas y solo resta la confección del decreto para su envío a la Contraloría—, el camino administrativo es largo. Para materializar la iniciativa, las empresas necesitan sortear otros 12 permisos sectoriales, incluyendo los del SHOA, las capitanías de puerto y Directemar, todos organismos dependientes de la Armada, institución que mantiene una alianza estratégica con Estados Unidos.
En este escenario, todas las miradas están puestas en la transición presidencial. Las fuentes consultadas por Reportea coinciden en que las sanciones de Estados Unidos son un mensaje directo al gobierno que asumirá el 11 de marzo, liderado por eñ republicano José Antonio Kast. El futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, se ha limitado a señalar que «quien lidera y es responsable de la política exterior de Chile es el Presidente de la República, Gabriel Boric, y por su intermedio el canciller Alberto Van Klaveren, por lo que no nos corresponde comentar las declaraciones o decisiones que se tomen en esta materia antes del 11 de marzo».
La pregunta que flota en el ambiente político y diplomático chileno es si el nuevo Ejecutivo priorizará el pragmatismo económico y comercial con China —que recibe más del 40% de las exportaciones chilenas— o si se alineará con la postura de seguridad hemisférica impulsada por el ultraderechista Donald Trump.
Mientras tanto, en Rapa Nui y Juan Fernández, la posibilidad de una conexión de fibra óptica sin costo, que los saque del aislamiento digital y los libere de la dependencia satelital, se ha convertido en un inesperado pero poderoso catalizador de una disputa que trasciende con creces las aguas del Pacífico.
La entrada Conectar Rapa Nui por cable sin costo, no por presión de EE.UU.: la oferta de China que remece el tablero geopolítico se publicó primero en El Ciudadano.
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