El Ciudadano
La Fiscalía formalizó cargos por cohecho reiterado y lavado de activos y tras evaluar los antecedentes, el tribunal resolvió que la libertad de la exministra Vivanco representa un peligro para la sociedad y el desarrollo de la investigación, por lo que ordenó su prisión preventiva de inmediato.
En un hecho sin precedentes en la historia judicial chilena reciente, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusada de formar parte de una red de corrupción vinculada al llamado Caso Muñeca Bielorrusa.
La Fiscalía formalizó cargos por cohecho reiterado y lavado de activos y solicitó medida cautelar más gravosa contra la exmagistrada.
Durante la audiencia, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, narró los hechos que fundamentan la formalización.
Según la investigación, Ángela Vivanco, junto a su pareja , Gonzalo Migueles Oteíza, habrían recibido al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban en la Corte Suprema recursos de protección relacionados con la disputa entre la estatal Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM).
El consorcio era representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes –junto a Migueles– se encuentran en prisión preventiva desde el 15 de noviembre por su presunta participación en un pacto para favorecer a CBM.
La fiscalía detalló que, en su rol de ministra, Vivanco habría votado favorablemente en resoluciones que beneficiaron al consorcio, en medio de un litigio por una fallida licitación, lo que obligó a Codelco a desembolsar cerca de 17 mil millones de pesos.
Dinero con el que, presuntamente, la empresa pagó honorarios a los abogados Vargas y Lagos, quienes a su vez canalizaron parte de esos recursos hacia la exministra y su pareja, en un mecanismo en el que, según la investigación, habrían intervenido los conservadores de Bienes Raíces Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán), y el cambista Harold Pizarro, quienes actualmente cumplen arresto domiciliario nocturno por su colaboración.
En sus argumentos, la fiscal Wittwer fue contundente: “Con infracción a sus deberes del cargo, durante la tramitación de recursos de protección ante la Corte Suprema, concurrió con su voto a resoluciones favorables a las pretensiones procesales y pecuniarias de CBM, que obligaron a Codelco a desembolsar sumas millonarias al consorcio, dineros con los que la empresa pagó honorarios a los abogados, procediendo estos, con parte de estos recursos, a dar beneficios económicos a la entonces ministra Vivanco y a su conviviente, Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, quien, concertadamente con ella, facilitó los medios para recibir el pago”.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó audios, chats y documentos bancarios como pruebas del presunto esquema de corrupción, entre las que destaca una llamada telefónica donde se menciona un “premio” recibido tras un fallo favorable, lo que reforzó la tesis del pago por favores judiciales.
Prisión preventiva para Vivanco
El fiscal Marco Muñoz fue el encargado de fundamentar la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva contra Ángela Vivanco.
El persecutor argumentó que se cumplen los» supuestos del artículo 140, en su letra A, B y C del Código Procesal Penal, en cuanto que existen antecedentes suficientes que justifican la existencia del delito, así como también que permiten presumir fundadamente la participación de ella en calidad de autora en los delitos de cohecho y de lavado de activos por los cuales se le formuló cargos»,
Tras evaluar los antecedentes, el tribunal resolvió que la libertad de Vivanco representa un peligro para la sociedad y el desarrollo de la investigación, por lo que ordenó su prisión preventiva de inmediato.
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