Madrid, 19 mar (EFE).- El exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez ha recurrido su procesamiento por narcotráfico, dictado tres días antes de que fuese a declarar ante el juez, y ha cuestionado que se incluya en él alguna "afirmación hueca", como que percibió más de 32 millones de euros, sin identificar qué diligencia de investigación lo acredita.
La defensa de este inspector considera que el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge dictó el auto de procesamiento contra él "de forma prematura, cuando el acervo de la investigación se encontraba en un estado manifiestamente incompleto", y lo hizo sin escuchar su versión, tres días antes de estar citado a declarar de forma voluntaria.
Así lo expone en el recurso, al que ha tenido acceso EFE, presentado ante el juzgado y, subsidiariamente, ante la Sala de lo Penal, donde el abogado Emilio José Rodríguez Marqueta denuncia también que no ha podido acceder a los volcados brutos de los dispositivos de su representado o a los datos originales de la plataforma de mensajería encriptada Sky ECC.
Además de a Óscar Sánchez, a quien los investigadores hallaron más de 20 millones de euros ocultos en su casa y su puesto de trabajo al ser detenido en 2024, el juez también procesó en ese mismo auto a su mujer -también policía- y a su cuñada por presunto blanqueo de capitales.
El juez cree que hay indicios de que el inspector se sirvió de su cargo policial para dar cobertura y garantizar la impunidad de una red de narcotráfico a la que se atribuye la introducción en España de "una cantidad estimada" de unas 73 toneladas de cocaína en 39 contenedores desde 2020. El juez cree que, a cambio, percibió 32,6 millones de euros.
Una afirmación que la defensa califica de "hueca", ya que el juez no ha identificado qué pruebas le han llevado a concluir eso o que el inspector utilizase bases de datos policiales de manera fraudulenta para ayudar a la red.
La defensa también habla de "imprecisión temporal absoluta" del auto y de una "ausencia de análisis individualizado de la participación" de Sánchez, que fue inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid y permanece en prisión provisional desde noviembre de 2024.
Cuestiona, en definitiva, la ausencia de suficiente motivación del auto y del "sustrato objetivo mínimo exigido".
Además, la defensa considera que la instrucción no ha finalizado: no se han recibido los volcados de los dispositivos intervenidos al inspector, fue procesado "sin haberle escuchado", lo que es "incompatible con el derecho a un proceso con todas las garantías" y hay diversas comisiones rogatorias a terceros países aún pendientes, entre otras cuestiones.
Subraya también que hay partes de la causa aún secretas y cuestiona el "procesamiento escalonado y fragmentado": el juez procesó primero al presunto líder de la trama, Ignacio Torán, y a otros implicados; después a él, y aún quedan investigados en la causa.
Una metodología que también es cuestionada por la Fiscalía Anticorrupción y que, en opinión de la defensa del inspector, supone una "quiebra del principio de igualdad de armas" porque genera "asimetría en el acceso a diligencias" entre los implicados, "riesgo de resoluciones contradictorias" y genera una "desventaja objetiva" de quienes están procesados frente a quienes no. EFE
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