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SEÑOR DIRECTOR:

Gremios y municipios tienen razón al pedir ser escuchados en la reforma del empleo público: conocen problemas que ningún informe revela.

Pero escuchar no equivale a repartir el lápiz ni el poder de veto. Cuando todos redactan, nadie conduce y las reformas terminan sepultadas bajo vetos cruzados. Es razonable que doce expertos presenten una propuesta coherente, sometida luego a audiencias, observaciones y respuestas fundadas. La secuencia importa: técnica, participación y decisión democrática.

El Estatuto Administrativo no pertenece al gobierno ni a sus funcionarios. Pertenece, en último término, a los ciudadanos que necesitan un Estado profesional, justo y eficaz.

Jorge Gacitúa Muñoz

Abogado y académico de Derecho Público