La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha acusado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar legislando "a ciegas" con su anuncio de la regularización masiva de inmigrantes y le ha cuestionado que asegura que todo este proceso saldrá gratis.
En una declaración remitida a los medios recogida por Europa Press, Ezcurra ha criticado que España se encuentre ante "la mayor operación de regularización masiva de toda Europa", en tanto que la voluntad del Ejecutivo es conceder residencia "prácticamente automática a cientos de miles de personas en situación irregular".
De hecho, basta con acreditar o que has pedido protección internacional o que llevas cinco meses en España y presentar una solicitud, lo que, a juicio de la dirigente 'popular', supone "todo un nicho para el fraude documental".
LA POLICÍA NACIONAL HABLA DE 1,2 MILLONES
En concreto, Ezcurra ha cargado contra la ministra Elma Saiz por que sostenga que afectará a 500.000 personas, "cuando organismos independientes hablan de 900.000 y la propia Policía Nacional lo ha elevado a 1,2 millones". "¿Qué estamos, legislando a ciegas?", se ha preguntado retóricamente.
Aún con todo, la vicesecretaria 'popular' considera que "lo más grave" no es este punto, sino que con la mera presentación de la solicitud "se suspenden los procedimientos sancionadores y las expulsiones".
"Es decir, quien está en un proceso de retorno queda blindado automáticamente, sin resolución, sin verificación completa y ni siquiera se exige un certificado de antecedentes penales porque el Gobierno lo ha sustituido por una declaración responsable", ha denunciado.
Ezcurra no entiende que para este proceso de regulación de inmigrantes "no se consulten las bases de datos policiales, no se exija un contrato de trabajo, ni formación, ni aprendizaje del idioma, nada".
ESTE PROCESO LO PAGARÁN LAS CCAA Y LOS AYUNTAMIENTOS
Según ha resumido, se trata de la primera regularización en la historia de España que se hace "de forma masiva, sin planificación y sin presupuesto" porque la memoria del real decreto desvela que este proceso no costará nada, que no tendrá impacto presupuestario y que no afectará a otras administraciones.
"¿En serio? Desde el mismo día siguiente a la entrada en vigor del real decreto, miles de personas van a empadronarse, van a escolarizar a sus hijos, van a acudir a los centros de salud, van a inscribirse en los servicios de empleo, van a poder solicitar prestaciones sociales...y todos estos servicios lo pagan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que no han sido consultados y que no tienen un solo euro previsto para absorberlo", ha reseñado.
Ezcurra sostiene que esto no es "el compromiso adquirido con Europa" en materia de inmigración , para apuntar que lo que España necesita es un sistema "legal y ordenado", esto es, "una inmigración al empleo, no un atajo reglamentario que convierte la irregularidad en puerta de entrada automática a la residencia". "Es una irresponsabilidad que España no se puede permitir", ha concluido.
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