
El PSOE y sus socios de investidura han cuestionado la ley de UPN para impedir que personas condenadas por delitos de terrorismo puedan acceder a subvenciones y trabajos con menores, recordando que esa prohibición va en contra de la reinserción y de la proporcionalidad que establece la Constitución, al tiempo que le han recordado que la legislación vigente ya contempla la inhabilitación penal como impedimento para acceder a la función pública.
Los regionalistas navarros han llevado este martes al Pleno del Congreso esta proposición de ley --que ya fue rechazada por el Parlamento foral-- para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Subvenciones, a fin de impedir que un etarra o un yihadista que ya hayan cumplido su pena puedan formar a menores no siendo "ejemplo de nada", según ha defendido su diputado, Alberto Catalán, poniendo como ejemplo la contratación de un condenado por pertenencia a ETA como profesor en el Instituto Valle del Ebro de Tudela.
¿PROTEGER A MENORES O AMPARAR TERRORISTAS?
"Si no tiene ninguna lógica que un violador trabaje con menores, tampoco que lo haga un terrorista", ha aseverado, antes de instar a sus señorías a elegir entre "la protección a los menores o amparar a los terroristas".
Sin embargo, su iniciativa legislativa, que el Parlamento navarro ya rechazó, sólo ha contado con el respaldo del PP y Vox, puesto que el resto de grupos políticos, salvo el PNV que no ha participado en el debate, la han denostado recordando que ETA ya no existe y subrayando que el texto planteado promueve la "venganza" y niega derechos como el de la reinserción. Así las cosas, todo apunta a que no será tomada en consideración.
En el PP, el diputado Carlos García Adanero ha dicho que "nadie con dos dedos de frente puede defender que un terrorista dé clase" a menores y que si el PSOE no hace nada por remediarlo es porque deben la Presidencia del Gobierno a miembros de la extinta ETA y a Bildu, que han conseguido ya "ganar el relato" poniendo "al mismo nivel a víctimas y verdugos".
En la misma línea, el diputado de Vox Carlos Flores ha puesto en valor la proposición de UPN porque "el terrorismo es el mal" y porque quien "lo practique, lo predique o lo justifique no puede permanecer un solo minuto cerca de nuestros hijos". "La intención de esta propuesta es recta, su redacción es adecuada, su propiedad es indiscutible, su operatividad es sencilla y sus destinatarios la esperan y la sociedad española la exige", ha resumido.
Desde el PSOE, la diputada Adriana Maldonado ha comenzado su intervención censurando precisamente que Vox apoye este texto porque por la misma regla de tres Flores, condenado por malos tratos, no podría tampoco ser profesor.
Dicho esto, Maldonado ha reconocido que al PSOE no le hace "ninguna gracia" que un exetarra sea profesor de un instituto público en Tudela pero ha apuntado que, al contrario que UPN, PP y Vox, su partido sí cree en la justicia y en una sociedad en la que realmente quepan "todos".
"EL COMODÍN DE ETA"
En Sumar, Engracia Ribera, que ha subido a la tribuna de oradores con una camiseta donde se podía leer 'Cállese señoro' --por la que se ha quejado el diputado de Vox--, ha tachado de "desproporcionada" y "arbitraria" la iniciativa de UPN porque inhabilitar "de por vida" es una medida propia de regímenes autoritarios y porque la paz no se puede impulsar con "más venganza y punitivismo".
De su lado, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha tildado de "lamentable" que UPN defienda un "panfleto" en un momento en el que el problema de ETA no existe, mientras que el diputado de Junts Josep Payés ha querido dejar claro que su partido siempre estará en contra de toda iniciativa "que suponga una persecución ideológica y una inhabilitación social que en realidad es una forma de venganza inaceptable en un Estado de Derecho".
Por último, en Bildu, la diputada navarra Bel Pozueta ha denostado que UPN haya vuelto a utilizar "el comodín de ETA" con su propuesta, que lo que busca, a su juicio, es seguir alimentando la confrontación, la crispación, el odio y la venganza", y negar derechos, como el de la reinserción social.
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