El quirófano también enferma

Alejandro Zalazar tenía 31 años. Era anestesiólogo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Lo encontraron muerto en su departamento con una vía intravenosa conectada al pie, propofol y midazolam en la habitación. Dos semanas después, el enfermero Eduardo Bentancourt apareció muerto en Palermo con más de cincuenta ampollas en su departamento, cinco de propofol y una de fentanilo abierta en el fondo de un tacho de basura.

En menos de un mes, dos profesionales de la salud muertos por las mismas sustancias que administraban a sus pacientes. Y una investigación judicial que destapó las llamadas Propo Fest: supuestas reuniones de consumo recreativo de anestésicos entre médicos residentes del Hospital Italiano de Buenos Aires, con fármacos que habrían sido sustraídos sistemáticamente del mismo establecimiento.

La reacción mediática fue de escándalo. La reacción que debería haber sido es de vergüenza institucional. Porque nada de lo que ocurrió en Buenos Aires es nuevo, y en Chile estamos mirando desde la vereda del frente sin preguntarnos qué tan distintos somos.

La dependencia química en anestesiólogos

La dependencia química en anestesiólogos no es un fenómeno argentino ni una rareza estadística. Es un riesgo ocupacional documentado, estudiado y advertido durante décadas por organismos científicos internacionales. Estudios realizados entre anestesiólogos de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay confirman que su riesgo de dependencia es mayor que el del resto de los profesionales de la salud, precisamente porque su trabajo implica el contacto cotidiano con sustancias de altísimo potencial adictivo. La incidencia de abuso de sustancias en este grupo va desde menos del 1% hasta el 20% según la bibliografía internacional. Las principales son alcohol, opioides y cannabis, pero también benzodiacepinas, ketamina y propofol.

La Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología documentó entre 2003 y 2005 veinticuatro muertes en la región asociadas a dependencia a opioides en anestesiólogos. No son 24 titulares. Son veinticuatro colegas muertos en dos años, en silencio, sin investigaciones judiciales, sin reformas institucionales.

El fentanilo, según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, es aproximadamente cien veces más potente que la morfina. Es la sustancia que un anestesiólogo manipula, dosifica y administra cada día de su vida profesional. El Instituto Nacional de Salud de ese mismo país señala que los profesionales médicos y trabajadores de la salud representan el grupo más numeroso de personas que abusan del propofol, con una incidencia estimada de hasta diez casos por cada diez mil proveedores.

El riesgo de suicidio en anestesiólogos es entre dos y tres veces mayor que en la población general. La tasa de divorcios entre quienes desarrollan dependencia química llega al 24%, frente al 5% en quienes no consumen. Y la muerte puede ser la forma de presentación inicial de recaída en el 16% de los casos, según la literatura clínica internacional.

El riesgo de suicidio en anestesiólogos es entre dos y tres veces mayor que en la población general.

El artículo presentado en el simposio de 2012 de la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesistas lo decía con claridad: la especialidad enfrenta estrés crónico, síndrome de burnout, largas jornadas en ambientes de alta presión y acceso directo a fármacos de altísimo potencial adictivo. Lo escribieron catorce años antes de las Propo Fest. Nadie los escuchó.

Ausencia de protocolos

Hay una pregunta que el escándalo argentino instaló y que ningún titular respondió todavía: ¿qué pasa cuando un anestesiólogo necesita pedir ayuda?

En Estados Unidos y Canadá existen los Physician Health Programs: programas de asistencia confidencial donde un médico puede solicitar ayuda sin que eso implique automáticamente la pérdida de su licencia. En España, Clínica Galatea lleva décadas atendiendo específicamente a profesionales de la salud con dependencia química, con resultados documentados. En Argentina, la AAARBA confirmó que el protocolo informal es pasarlos a tareas administrativas.

En Chile no existe ningún equivalente.

La Sociedad de Anestesiología de Chile realizó en 2016 una encuesta anónima entre sus miembros: el 79% había conocido al menos un caso de dependencia a sustancias en un colega durante los últimos diez años. Solo el 38% había recibido alguna capacitación sobre el tema. Ocho años después de esa encuesta, no existe un protocolo público para que un anestesiólogo chileno pida ayuda sin arriesgar su carrera.

Cuando contacté a la Sociedad para esta esta columna, la respuesta fue que están trabajando el tema con entidades ministeriales, pero que no es el momento adecuado para hablar públicamente. Lo anoto. Porque ese proceso reservado que el público no conoce y que no tiene fecha de término es también parte del problema.

El Decreto N° 404 del Ministerio de Salud regula el almacenaje, control, prescripción y dispensa de drogas psicotrópicas en Chile. Lo que no regula es qué protocolo sigue un hospital cuando detecta a un profesional con consumo problemático de esas mismas sustancias. El vacío es estructural. Y el sistema médico lo llena con silencio porque el silencio tiene menos costo institucional que la transparencia.

Consumir para aguantar

Hay algo más profundo que los protocolos. Hay una cultura.

La medicina construye profesionales entrenados para no quebrarse. Para soportar jornadas que destruirían a cualquier otra persona. Para tomar decisiones de vida o muerte con calma quirúrgica. Para no pedir ayuda, porque pedir ayuda es admitir debilidad, y la debilidad en medicina tiene consecuencias reales: la pérdida de la confianza de los colegas, de los superiores, de los pacientes. A veces la pérdida de la carrera.

La muerte como forma de presentación inicial de recaída. Es decir: el primer aviso es el cadáver.

Eso crea un círculo perfecto para la dependencia. El profesional que consume no consume, en la mayoría de los casos documentados, por placer. Consume para aguantar. Para seguir. Para no sentir el peso constante de ser el responsable de que alguien no muera en el pabellón. Y cuando no puede parar, no puede pedir ayuda porque el sistema no tiene dónde recibirlo sin destruirlo.

La muerte como forma de presentación inicial de recaída. Es decir: el primer aviso es el cadáver.

Un problema sistémico

No hace falta esperar el resultado del proceso reservado que la Sociedad de Anestesiología lleva con el Ministerio. Hay medidas que no necesitan acuerdo ministerial para existir.

Necesitamos un programa de asistencia confidencial para profesionales de la salud con consumo problemático, donde el acceso al tratamiento no implique la pérdida automática de la licencia. Necesitamos que los hospitales tengan protocolos claros para cuando un colega presenta señales de consumo problemático, no para sancionarlo sino para contenerlo. Necesitamos que la formación de residentes en anestesiología incluya un módulo obligatorio sobre riesgo de dependencia química. Y necesitamos que el control de fármacos hospitalarios sea auditado con la misma rigurosidad con que se audita la contabilidad de una empresa.

Nada de eso es revolucionario. Todo eso existe en otros países. Lo que no existe en Chile es la voluntad institucional de nombrarlo en voz alta.

Alejandro Zalazar tenía 31 años. Tenía una residencia completada, un trabajo en un hospital de niños y acceso diario a fentanilo y propofol. Y murió solo en su departamento con una vía en el pie.

No falló Zalazar. Falló el sistema que construyó un profesional capaz de administrar la muerte a milígramos de distancia, y no construyó ningún lugar donde ese profesional pudiera decir que necesitaba ayuda.

Ese sistema existe en Chile también. Y mientras el proceso reservado avanza sin fecha, sigue funcionando exactamente igual.

Por Ricardo Manzur Carrasco

Periodista con más de 20 años de experiencia, ex editor nacional de La Cuarta. Especialista en comunicación de salud mental y adicciones. Certificado por OPS/OMS y SENDA en neurobiología del consumo y política de drogas.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.