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El abogado defensor Hojat Kermani informó a la agencia de noticias IRNA que Azar Mansouri fue excarcelada tras el pago de una suma establecida por las autoridades. Mansouri, dirigente del Frente Reformista y fundadora del Partido de la Unión del Pueblo Islámico, quedó bajo fianza luego de varios días en la prisión de Evin. El medio IRNA detalló que la detención se produjo el lunes, cuando el personal de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán arrestó a Mansouri durante las manifestaciones antigubernamentales que se desarrollan en el país.

De acuerdo con lo consignado por IRNA y reforzado en comunicados citados por diversas agencias, la detención incluyó también al jefe del comité político del Frente Reformista, Ebrahim Asgharzadé, y a Mohsen Aminzadé, otro miembro destacado de la formación. Además, el vicepresidente de la organización, Mohsen Amin, y la secretaria, Badr Sadat Mofidi, recibieron citaciones para comparecer ante las autoridades judiciales.

Según publicó IRNA, la Fiscalía de Teherán presentó cargos contra integrantes de un grupo político, acusándolos de encubrir los ataques ocurridos en enero, a los que denominó “atentados terroristas”. Si bien los comunicados oficiales evitaron nombrar de forma explícita al Frente Reformista, la agencia iraní Fars señaló que las recientes acciones judiciales guardan relación directa con las detenciones de los líderes reformistas durante las últimas jornadas de protestas.

El medio IRNA explicó que Azar Mansouri enfrenta cargos vinculados a la alteración del orden público, una acusación común en escenarios de disidencia política en Irán. El contexto de estas detenciones se enmarca en la ola de protestas y disturbios que persisten desde finales de diciembre. La actuación policial frente a estas manifestaciones ha sido severamente cuestionada fuera de las fronteras iraníes.

La agencia IRNA señaló que la cifra de personas fallecidas varía según la fuente. Las autoridades de Teherán reconocen más de 3.000 muertes, mientras que diferentes organizaciones civiles elevan ese número a casi 6.000 desde el estallido de las manifestaciones. Esta divergencia en los datos ha acentuado el escrutinio internacional sobre la gestión del gobierno iraní ante el reclamo social y la represión policial.

Fars y otras agencias locales detallaron que la presión sobre el Ejecutivo iraní se ha incrementado debido a las posturas de países extranjeros y organizaciones internacionales, que exigen una investigación independiente y la liberación de los líderes opositores capturados. A raíz de estos reclamos, la atención mundial se ha enfocado especialmente en la situación de los movimientos reformistas, considerados por las autoridades como agentes de desestabilización.

Según consignó IRNA, los procedimientos judiciales abiertos tras los arrestos aún continúan, y se desconoce si quienes fueron liberados bajo fianza enfrentarán juicios a corto plazo. Mientras tanto, la comunidad reformista en Irán ha reiterado su llamado a garantizar derechos fundamentales para los involucrados y el cese de las detenciones asociadas a protestas contra el régimen.