El Gobierno argentino decidió restringir el acceso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo, en una medida que calificó como “preventiva” y vinculada a una denuncia por presunto espionaje ilegal.
Desde el Ejecutivo se indicó que la decisión incluye la suspensión de mecanismos de identificación habituales para la prensa, con el objetivo —según autoridades— de resguardar la seguridad nacional tras una presentación realizada por la Casa Militar.
La acción se produce luego de que dos periodistas fueran denunciados por haber registrado imágenes en sectores internos del edificio gubernamental. Según el documento oficial, dichas grabaciones habrían expuesto sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y dispositivos de control de acceso considerados sensibles.
Organizaciones gremiales del sector periodístico rechazaron la medida, señalando que constituye una forma de censura y una escalada en las tensiones entre el Gobierno y los medios de comunicación. También advirtieron sobre un contexto que, a su juicio, incluye hostigamiento, descalificaciones públicas y presiones laborales hacia trabajadores de prensa.
En ese marco, sostienen que la restricción busca limitar la cobertura informativa en un escenario marcado por dificultades económicas y cuestionamientos a la gestión.
La controversia se suma a decisiones previas del Ejecutivo en materia de medios, entre ellas la reestructuración de la agencia estatal de noticias, que pasó a operar bajo un modelo distinto tras su cierre, en medio de argumentos oficiales sobre pérdidas financieras.
El debate sobre la relación entre el Gobierno y la prensa vuelve así al centro de la agenda pública en Argentina, con advertencias sobre posibles impactos en el acceso a la información y la transparencia institucional.
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