La Audiencia Nacional (AN) ha extendido esta semana su investigación sobre gastos del PSOE desde que lo lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al requerir información sobre la gestión de los efectuados también en 2025 y que se suma al periodo 2017-2024, sobre el que ya indagaba. Asimismo, ha puesto el foco en su plan de "prevención de delitos", del que ha requerido una copia al partido.
El juez Santiago Pedraz ordenó el miércoles a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevar a cabo un requerimiento de documentación en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, en el marco de la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez.
Un requerimiento que se alargó unas doce horas y a partir del cual los agentes reclamaron "información detallada" sobre los gastos, así como el Programa de Cumplimento Normativo vigente en la formación, según precisaba Pedraz en un auto al que tuvo acceso Europa Press.
Pedraz exigió la "aportación íntegra" del Programa de Cumplimento Normativo "--modelo de prevención de delitos--" que resultaba de aplicación en el PSOE en 2024 y 2025. Además, demandaba que se identificara al responsable de vigilar su cumplimiento.
GASTOS CON LA LUPA EN CERDÁN
Sobre los gastos, el juez requirió información del procedimiento interno aplicado durante los mismos años para "la autorización de gastos y la realización de pagos", al sospechar que se habrían destinado fondos del partido para costear las actividades de la supuesta red que buscaba información comprometida de jueces, fiscales y guardias civiles para tratar de desactivar diversas causas.
Pedraz instó a la UCO a que el PSOE les entregara facturas presentadas para el abono de gastos, "incluyendo la identificación de todas las personas que intervienen en el proceso, con indicación de su identidad, cargo, funciones y dependencia jerárquica". También solicitó que facilitaran el documento que fija el procedimiento interno que regula la tramitación y el pago de facturas.
Entre los gastos reclamados se encontraban los viajes de presuntos implicados, incidiendo en "el modo en que son solicitados, las personas o departamentos encargados de su tramitación, quién autoriza su realización, a través de qué cuentas o partidas se abonan los mismos, si existe una compañía externa encargada de la gestión de los viajes y, en su caso, cuál es su intervención concreta".
"Igualmente, deberá indicarse si los gastos asociados al viaje son anticipados por la entidad o presentados con posterioridad para su reembolso, así como si la gestión ordinaria de tales trámites corresponde a las secretarias de cada departamento u otras", indicó.
Y pidió además el procedimiento interno para el abono de los gastos de "naturaleza institucional como comidas, desplazamientos en taxi u otros de similar índole", para saber "cuál es la forma de auditar o justificar esos gastos y como se recogen los datos".
En este punto, ponía la lupa en Santos Cerdán, exsecretario de Organización de los socialistas y a quien sitúa como presunto cabecilla, y en la exmilitante socialista Leire Díez, a quien apunta como supuesta coordinadora y ejecutora de los planes.
El PSOE, que viene colaborando con la Justicia desde hace un año con la aportación de la documentación requerida, niega "con rotundidad" haber "ordenado, amparado o cooperado" en las conductas delictivas que señala el auto del juez Pedraz y se queja de que existan "dos procedimientos sobre los mismos hechos".
DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO DE GASTOS ANTICIPADOS
Pero no solo Pedraz investiga en la Audiencia Nacional gastos del partido, ya que su compañero Ismael Moreno abrió una pieza separada en el 'caso Koldo', que declaró secreta, con la información reclamada al PSOE sobre sus pagos en metálico entre los años 2017 y 2024.
El PSOE entregó en diciembre un 'pendrive' en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes.
Así constaba en una diligencia en la que el juzgado daba constancia de que los socialistas habían entregado al tribunal "un sobre cerrado, el cual contiene escrito junto con la documentación, en formato 'pendrive'", que fue requerida por el magistrado.
Moreno decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar esos pagos en efectivo a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que instruyó parte de la causa mientras el exministro José Luis Ábalos fue aforado por su condición de diputado.
Lo hizo ante la sospecha de que el exministro de Transportes y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.
Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre "otras irregularidades", en esta pieza, que continúa bajo secreto.
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