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Chile abre una nueva página. Como directora de empresas y consejera electiva de Sofofa, creo firmemente que es el momento de dar una batalla colectiva, transversal y sostenida, por poner al trabajo en el centro del quehacer nacional. El trabajo es, en una frase, la infraestructura social del desarrollo.

En esta nueva etapa de oportunidades que enfrenta nuestro país, cada uno —empresarios, trabajadores, sociedad civil, gremios, academia, mundo político y gobierno— debe asumir su rol con responsabilidad y pro-activismo, poniendo al trabajo formal, seguro y moderno como plataforma común para avanzar.

Sostengo que es el momento de dar la batalla, porque el diagnóstico para obtener la victoria es claro e indiscutible: Chile necesita crecer.

Esta batalla no es propagandística, ni menos violenta. Es conceptual y, sobre todo, humana. Consiste en entender que, cuando una economía crece, no solo crecen los indicadores, sino que también crecen las posibilidades concretas de las personas de tener un futuro mejor. Crece la opción de una familia de acceder a vivienda, salud y educación. Crece la capacidad de emprender, sin que gestar un negocio sea considerado una batalla de obstáculos. Crecen las posibilidades de aspirar a mejores condiciones y estándares. Estos ejemplos aluden a la dimensión humana del crecimiento económico, donde la esperanza de una vida mejor no nace de discursos populistas, sino que se construye en la medida en que exista dinamismo económico y se garantice empleo de calidad.

Para lograr la victoria del crecimiento, al menos en un mediano plazo, propongo tres frentes que deben abordarse de forma inmediata:

Primero, un pacto estratégico por la formalidad que simplifique incorporarse al sistema y permita permanecer en él. Para ello, requerimos políticas públicas que tiendan a un mercado laboral flexible, moderno y realista, capaz de adaptarse a distintas etapas de vida (especialmente la formación de familia), a nuevos sectores productivos y a la estacionalidad propia de muchas actividades.

Flexibilidad no significa precariedad. Significa reglas que promuevan contratar, capacitar, ajustar jornadas, facilitar la movilidad laboral y reducir barreras de entrada al empleo, especialmente para jóvenes y mujeres. Hay que diseñar incentivos para formalizar ágilmente y no castigar la contratación aumentando sus costos. De lo contrario, la informalidad seguirá siendo el enemigo que debilita a Chile.

Segundo, ha de planificarse tácticamente un plan nacional destinado a la formación temprana y técnica para el trabajo, similar a la educación dual que impulsa el sector privado, pero con estándares y certificaciones comunes a nivel país, que se vincule a los principales sectores productivos y también a la economía del futuro, poniendo el foco en energía, minería, agro, tecnología y exportación. Esto permite aspirar a una trayectoria laboral visible: estudiar, trabajar, perfeccionarse y progresar. Esta es una política social efectiva porque genera empleo de calidad hoy, productividad mañana y una sociedad con anhelos cumplidos.

Tercero, hay que destinar toda la artillería política a lograr la correcta implementación de una agenda de productividad antiperimisología, que rebaje los impuestos a la pequeña, mediana y grande empresa, otorgue certezas a los inversionistas mediante métodos como la invariabilidad, acelere la digitalización del Estado e incentive la adopción de tecnología para hacer la industria chilena más competitiva a nivel regional y atractiva a escala global.

Que esta nueva página que se abre para Chile sea escrita con racionalidad, eficiencia y amor por la patria. Que la victoria del crecimiento económico sea percibida por cada uno de los chilenos y que la batalla por volver a dignificar el trabajo y el esfuerzo como engranaje meritorio del desarrollo se convierta en el método que las generaciones actuales y futuras utilicen para la obtención de una vida mejor.

*La autora de la columna es abogada y directora de empresas.