Las recientes discusiones presupuestarias sobre cultura, artes y patrimonio vuelven a instalar una pregunta que excede la magnitud de los recortes. El problema no parece radicar de forma unívoca en cuánto gasta el Estado en cultura. La pregunta más profunda es qué esperamos que haga con esos recursos.
En Chile, el gasto cultural ha oscilado durante años en torno al 0,5% o 0,6% del gasto público nacional. La cifra es conocida y ha sido ampliamente documentada por el Observatorio de Políticas Culturales. Aún en períodos de expansión presupuestaria, la distancia respecto del histórico compromiso del 1% nunca logró cerrarse. Recientemente hasta se habla sobre las subejecuciones presupuestarias de cultura, mas que a donde queremos llegar. La fragilidad cultural del Estado chileno antecede a cualquier gobierno y parece haberse transformado en una condición estructural.
Lo interesante es que las expectativas ciudadanas avanzan en la dirección contraria.
La reciente encuesta nacional Chile Nos Habla USS: Patrimonio Cultural 2026 muestra una ciudadanía crecientemente interesada en el patrimonio. El 79% declara conocer algún patrimonio en su comuna. Casi la mitad visitó un sitio patrimonial durante los últimos tres meses. La participación en el Día de los Patrimonios alcanzó un 59,5%. La principal barrera para participar más no es el desinterés. Apenas un 2,6% menciona esa razón. El principal obstáculo sigue siendo la falta de información, seguida por la escasa oferta en los territorios.
Las personas quieren más patrimonio cultural, mas cultura.
Quieren más actividades, más acceso, más información, más educación y más oportunidades de participación. El 61,6% manifiesta interés en capacitaciones patrimoniales. La incorporación de la educación patrimonial al currículo escolar alcanza una valoración de 8,88 sobre 10. Incluso contenidos relativos a normativas y permisos obtienen una evaluación de 8,70. Son cifras excepcionalmente altas para cualquier política pública.
A ello se suma una demanda igualmente intensa por protección legal. El 43,3% de los encuestados estima que, frente a conflictos entre desarrollo económico y patrimonio, debe prevalecer la protección patrimonial. Otro 44,2% aspira a un equilibrio entre ambas dimensiones. Apenas un 7,8% privilegia exclusivamente el desarrollo económico. Al mismo tiempo, un 56,6% considera poco adecuado o muy inadecuado el actual sistema de protección patrimonial.
La ecuación es compleja. La ciudadanía demanda más protección y más acceso. Más educación y más difusión. Más conservación y más infraestructura cultural. Más presencia territorial y más eficiencia institucional.
Todo ello es razonable.
El problema es que muchas veces se espera que un Estado relativamente pequeño, con capacidades limitadas y presupuestos acotados, responda simultáneamente a todas esas demandas.
En patrimonio esta tensión resulta particularmente evidente. La conservación requiere continuidad. Un archivo, un museo, una colección arqueológica, una iglesia histórica o un paisaje cultural no funcionan bajo la lógica anual de los presupuestos públicos burocratizantes. Requieren décadas de mantención, investigación, monitoreo y transmisión de conocimiento. Los deterioros también se acumulan lentamente. Lo mismo ocurre con las capacidades técnicas necesarias para enfrentarlos.
Por eso resulta útil distinguir entre un Estado proveedor y un Estado promotor. Difícilmente el Estado chileno podrá financiar por sí solo todas las necesidades culturales que la sociedad demanda. Tampoco podrá administrar directamente cada museo, cada archivo, cada centro cultural o cada programa educativo. Su principal tarea parece situarse en otro lugar. En crear condiciones. Articular actores. Incentivar la participación privada. Fortalecer gobiernos locales. Promover educación patrimonial formal e informal. Generar marcos regulatorios estables y comprensibles.
La encuesta ofrece una señal interesante en esa dirección. Los ciudadanos no están pidiendo menos patrimonio. Están pidiendo más. Más cerca. Más visible. Más accesible. Más presente en la educación. Más integrado a la vida cotidiana.
La discusión presupuestaria debiera partir desde ese dato. La pregunta no es solamente cuánto gasta el Estado en cultura. La pregunta es cómo construimos una sociedad capaz de sostener culturalmente aquello que valora.
Porque la fragilidad del patrimonio suele atribuirse a los monumentos. Con frecuencia, la verdadera fragilidad se encuentra en las instituciones encargadas de cuidarlos.
Por Carlos Maillet Aránguiz, arquitecto, doctor (c) Filosofía, Director Carrera de Arte y COnservación del Patrimonio USS.
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