San José, 12 may (EFE).- La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este martes que planteará a los altos cargos del Poder Judicial una serie de "reformas profundas" a esa institución y los invitará a trabajar en una "gran cruzada nacional" contra el crimen organizado.
Fernández informó que ha convocado a una reunión para el próximo lunes, en la Casa Presidencial, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Hernández; a la presidenta de la Sala III (Casación) de la misma corte, Patricia Solano; al fiscal general, Carlo Díaz, y al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.
"En esta reunión pienso plantear las prioridades de mi Gobierno en cuanto a las reformas profundas que necesita el Poder Judicial para convertirse en un poder al servicio de los costarricenses, que trabaje con eficiencia y le hagamos frente, en una gran cruzada nacional, al crimen organizado y al narcotráfico", declaró Fernández en un vídeo divulgado por la Casa Presidencial.
La mandataria, politóloga de derecha y quien comenzó su mandato de cuatro años el pasado viernes, aseguró que no va a consentir que Costa Rica "siga teniendo el desprestigio judicial que lamentablemente hoy vivimos".
Fernández, ganadora en primera ronda de las elecciones del pasado 1 de febrero, sucedió en el cargo a su mentor, Rodrigo Chaves, quien durante sus cuatro años de administración criticó con dureza, casi a diario, al Poder Judicial, e incluso lideró en 2025 una marcha de sus simpatizantes para exigir la renuncia del fiscal Díaz.
El Gobierno de Chaves señaló al Poder Judicial como el principal responsable de la inseguridad en el país, por supuestamente liberar pronto a los delincuentes que la policía detiene o por brindar beneficios carcelarios.
Desde su campaña, Fernández insistió en la necesidad de "reformas profundas" al Poder Judicial, especialmente en la forma en que se eligen y se reeligen los magistrados.
Fernández ha prometido "mano dura" contra el crimen y uno de sus primeros decretos fue una modificación a un reglamento para que el año carcelario sea de 360 días, como ya está en las leyes del país desde hace años, pero sin la posibilidad de que se apliquen beneficios carcelarios que reduzcan esa cantidad de días.
Durante el pasado Gobierno de Chaves se registraron las cifras más altas de homicidios en la historia del país centroamericano, las cuales fueron atribuidas -por las autoridades- en más de un 60 %, a ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes.
Costa Rica contabilizó en 2025 un total de 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes; mientras que en 2024 la cifra fue de 876 y en 2023 de 905, la mayor registrada.
Costa Rica, país sin Ejército desde 1948, ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, y también se integró -en marzo pasado- a la iniciativa regional del presidente estadounidense Donald Trump llamada 'Escudo de las Américas', que pretende derrotar a los carteles de la droga. EFE
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