El Ciudadano
Por Arturo I. Castro Martínez
Hay frases que trascienden la contingencia, porque revelan una forma de entender la política. Cuando una autoridad insinúa que otra llegó al Congreso «por pena», no solo descalifica a una persona; también pone en entredicho la decisión soberana de miles de ciudadanos que la eligieron.
Esto es aún más preocupante cuando las descalificaciones están acompañadas de referencias que buscan ridiculizar el origen humilde del otro. Ahí, en ese momento, el debate deja de ser político y pasa a ser un acto clasista, violento y reprochable.
Existe una diferencia enorme entre debatir argumentos y menospreciar a una persona por su historia de vida.
Recordemos que vivimos en uno de los países más desiguales del mundo. Millones de chilenos sobreviven con sueldos que apenas alcanzan para llegar a fin de mes, habitan viviendas precarias o de material liviano y cargan con un sobreendeudamiento que se ha vuelto parte de su vida. La gran mayoría de nosotros creció en barrios populares, viendo a nuestros padres trabajar de sol a sol para sacar adelante a la familia y compartiendo la infancia con amigos que se perdieron en la pasta base y la delincuencia.
Cuando desde el Congreso se ridiculiza el origen de una persona, se desprecia a millones de chilenos que han debido abrirse camino con esfuerzo, sin privilegios ni apellidos ilustres, demostrando que la dignidad nunca ha dependido de la cuna donde se nace.
Es preocupante que desde el Congreso reaparezcan discursos que buscan medir la legitimidad política según el origen social de las personas.
Chile ha avanzado, aunque con dificultades, hacia una sociedad donde la participación democrática no debería depender del apellido, del colegio donde se estudió, del barrio donde se creció o de la forma en que alguien habla. La representación política no pertenece a una élite determinada, sino a todos los ciudadanos, quienes mediante el voto tienen el derecho de decidir quiénes los representan.
La democracia exige memoria: la historia del país está marcada por profundas desigualdades sociales que, durante décadas, impidieron que muchos sectores accedieran a espacios de decisión. Es preocupante que desde el Congreso reaparezcan discursos que buscan medir la legitimidad política según el origen social de las personas. En una sociedad democrática, nadie debería ser considerado menos capaz de representar a otros por su forma de hablar, su lugar de origen o su condición social. La política debe ser un espacio abierto a distintas realidades y experiencias. Esa diversidad permite que más personas se sientan representadas y escuchadas.
Los ciudadanos esperamos con ansias que nuestros representantes eleven el nivel del debate, no que reproduzcan prejuicios que dividen a los chilenos entre quienes supuestamente «merecen» ocupar un cargo y quienes no.
Cuando se desprecia a una persona por su origen, también se está afectando a miles de personas que comparten historias, sueños y el deseo de vivir en una sociedad democrática, donde todos tengan las mismas oportunidades de participar y desarrollarse, lejos de cualquier discurso clasista o discriminatorio.
Por Arturo I. Castro Martínez
Profesor y Licenciado en Historia y Ciencias Sociales, especialista en Historia Contemporánea y Mundo Actual de la Universidad de Barcelona. Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional. Es parte del Observatorio Nexo Ciudadano
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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