El Ciudadano
Por Patricio Azócar Donoso y Javier Moreno Apablaza
En esas zonas sensibles donde el “narcoterrorismo” se establece como un programa de intervención que oprime, pero también impulsa respuestas rápidas a las crisis del modelo e influye directamente en las luchas por la vida cotidiana de los territorios periféricos de América Latina, es que la docu-serie y podcast “Luchas por la vida más allá del narco” comienza su temporada.
Producida por la plataforma RETRATOS Vidas-en-común, una co-produccion entre Cooperativa Espacio .tierra y Estudios Baret, la serie busca aproximar territorios, organizaciones sociales-comunitarias y centros de investigación de Chile, Brasil, Colombia y México, para explorar las dimensiones de la vida cotidiana que no alcanzan a ser escuchadas ni vistas bajo la etiqueta de la “inseguridad” y la demanda de “más policías”: el tiempo, la salud, las colectividades y los afectos.
“Narcoterrorismo” para Latinoamérica
Mientras Trump condensa la política estadounidense con Medio Oriente a través de una intervención militar directa sobre Irán, el secuestro de Maduro tras la “extracción” del Mayo Zambada y la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, marcan un hito para la política interventiva sobre nuestra región: la vía del “narcoterrorismo” para Latinoamérica.
Cabe recordar que en 2004, el presidente democráticamente electo de Haití, Jean-Bertrand Aristide, acusó ser secuestrado por Francia y Estados Unidos luego de exigir una reparación histórica al esclavismo, evento que sumió al país en una guerra de facciones criminales y de casos de violación de derechos humanos cometidos por las mismas fuerzas de pacificación de la ONU hasta la fecha.
Del mismo modo, 17 años después, en 2021, el presidente de Haití Jovenel Moïse es asesinado a manos de una banda de exmilitares colombianos convertidos en sicarios, los cuales Estados Unidos afirmó haber entrenado durante su intervención en Colombia. Este crimen evidenció la existencia de circuitos transnacionales de mercenarios y paramilitares con capacidad de actuar ilegalmente en conflictos internacionales.
Esta misma situación, pero concentrada a nivel local, es la que mantiene hasta la fecha a todo el gobierno bolsonarista de Río de Janeiro alejado de sus cargos por mantener relaciones de corrupción y cohecho con “milicias” en los sectores más empobrecidos de la sociedad. El mismo gobierno que el año pasado desató una masacre en las favelas El Complejo del Alemán y de la Peña.
Las “milicias” son bandas paramilitares con financiamiento de las élites y de la ultraderecha para mantener el control de los servicios en territorios disputados por facciones criminales. Mismo procedimiento que el 2025 llevó a la corte al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, también conocido como “presidente paraco”, para comparecer ante la justicia por el pago de sobornos a testigos en situaciones extrajudiciales.
Vale recordar que “paraco” es el nombre que reciben paramilitares de la ultraderecha colombiana, que recibieron financiamiento y apoyo por parte de Estados Unidos durante su intervención en el país y que fueron asociados al asesinato del presidente de Haití en 2021.
Entre otros muchos crímenes, son responsabilizados por el caso de 6402 jóvenes secuestrados y asesinados de manera extrajudicial en el caso reconocido internacionalmente como “falsos positivos”.
Ante ese contexto regional, en 2026, a través de la muerte del Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y del anterior secuestro del Mayo Zambada, más antiguo capo del cártel de Sinaloa, se busca justificar y reclamar poder sobre el petróleo en Venezuela, buscando simultáneamente usar la influencia económica y bélica de Estados Unidos, induciendo guerras sangrientas, multiplicando facciones y dispersando su poder a escalas locales en México. La misma estrategia que aplicarán en Colombia, Brasil, Chile y Paraguay.
La guerra contra las drogas es el extractivismo
Sólo en estos últimos 30 años, las políticas de intervencionismo han demostrado estar sostenidas en una misma tecnología o racionalidad imperial, la infiltración en intrincadas luchas de poder locales y regionales a través de dispositivos civiles, militares y paraestatales, usando la degradación moral asociada al narco, para desacreditar procesos sociales y gestionar los escenarios de guerra, terror y desestabilización que ellos mismos inducen.
Esta estrategia ha permitido consolidar técnicas de control sobre fronteras de la vida social, económica y política cada vez más opacas entre lo legal y lo ilegal: lo común.
La opacidad “paraestatal” torna la vida cotidiana en zonas de dominio legítimo por fuerzas “invisibles” que allanan el camino para el desarrollo de nuevos mercados e industrias, como la inmobiliaria, la forestal o la farmacológica. Debemos considerar que el “narcoterrorismo” no ha escatimado en violencia para profundizarse, al punto de que sus zonas de operación han recibido la misma denominación que las del capitalismo extractivista: “zonas de sacrificio”.
Pese a que “el mercado de ilegalidades” ha sido una pieza fundamental del poder macropolítico, asegurando la estabilización económica del mundo tras diferentes guerras y luchas de poder geopolíticas, como ya lo ha graficado la industria fílmica con “Peaky Blinders”, “Breaking Bad” y “Narcos”, el “narcoterrorismo” para América Latina llega a constituirse como una tecnología de intervención diferente.
Una vía que busca consolidar un cambio en las estrategias de acumulación de capital político y económico con un fuerte compromiso en la vida reproductiva, íntima y afectiva. Si el narcotráfico se había convertido en el chivo expiatorio del consenso de las soberanías estatales, custodiando el espectro del “derecho público” frente al “interés privado” y la impotencia de los “derechos sociales”, el “narcoterrorismo” busca superar la tríada “público-privado-social” y sus viejos antagonismos reclamando para la especulación financiera poder de injerencia total sobre lo viviente a nivel micropolítico.
En su reclamo por someter la vida cotidiana a relaciones de deuda y dependencia, se aglutinan en un solo gran consorcio criminal lo estatal, lo industrial, lo corporativo y lo civil en manos de grandes e “invisibles” holdings internacionales y sus mafias.
Cuando hablamos de narcoterrorismo, hablamos de un régimen que indistingue empresas, cárteles y gobiernos, como también, mercados tecnológicos, bélicos, sanitarios, farmacológicos, terapéuticos y financieros, consolidando una fase de extracción de valor y acumulación de ganancias basada principalmente en los efectos empobrecedores y precarizantes que los círculos viciosos entre desigualdad, flexibilidad e incertidumbre imponen sobre la vida cotidiana de barrios, comunidades y ecosistemas.
Sus principales expresiones de poder son el endeudamiento barrial o el “préstamo casero”, las guerras intestinas en barrios empobrecidos, las economías de inhabilitación/reincidencia resultantes de las adicciones, la socialización comunitaria por desconfianza y sospecha, la prisión por narcomenudeo o microtráfico sobre mujeres, el dispensatorio de futuros expeditos a jóvenes y niños empobrecidos en la industria del crimen.
La vía del narcoterrorismo no tiene como objeto la “producción de mercancías ilegales y su circulación”, como justifican los medios cuando dicen que “la guerra es contra las drogas”. Tiene como objeto aumentar su ganancia y control por medio de la agudización de conflictos sociales y afectivos. En otras palabras, el despojo y la expoliación de vínculos, interdependencias y condiciones dignas para ampliar y diversificar la reproducción y el cuidado de la vida de las comunidades.
El narcoterrorismo es terrorismo corporativo.
Para recapitular, lo que sabemos por la maciza investigación, es que cuando hablamos de “narcoterrorismo” no hablamos de “seguridad” sino de una red opaca y extensa de asociaciones entre grupos criminales, policías, militares, extractivismo minero, extractivismo forestal, grandes terratenientes, empresas inmobiliarias, industrias culturales, la industria farmacéutica, nuevos regímenes sanitarios-terapéuticos, así como agentes e instituciones financieras para el lavado de dinero.
El garimpo o la minería ilegal en Brasil, Colombia y Ecuador; el coyotaje y las zonas de sacrificio urbanas en la burbuja inmobiliaria chilena; los puntos de lavado de dinero de facciones y milicias en la Faria Lima (Centro financiero) en Brasil; el mercenarismo estadounidense como tecnologia de internacionalización del sicariato colombiano; el asesinato de lideres ecologistas y autoridades ancestrales indígenas para la industria forestal en toda América Latina; la diversificación de la industria penal con el aumento de encarcelamiento femenino por microtráfico; el uso malicioso de dinero público por comunidades terapéuticas evangélicas en Brasil, entre otras.
Todas ellas son expresiones del “narcoterrorismo” como vía de desarrollo de un capitalismo financiero que agudiza su predación en tres funciones.
Como dirá Suely Rolnik, su proxenetismo, o sea, la capacidad de romper los consensos morales conservadores para celebrar públicamente el abuso del cuerpo de las mujeres y, sobre todo, de las esferas de reproducción y cuidado. Como indica Sayak Valencia, su función Gore, o sea, la ampliación global de la esfera de la acumulación de riqueza y la extracción de valor de la violencia sobre territorios colonizados y sus usos informacionales. Y, por último, como señalará Rossana Reguillo, su función necromaquínica, que dispone la esfera de la muerte como un lugar donde la gente puede seguir trabajando vivo o muerto, ya sea a través del sicariato, pero también de disponer sus propios cuerpos como cadáveres en la esfera pública y mediática.
Como nos señalará Rossana a partir de una entrevista con un joven sicario “y es que en este jale, ya no alcanza con morirse”.
En esos términos, el “narcoterrorismo” evidencia que el objeto de la intervención ya no es la producción y circulación de drogas, sino la acumulación de poder que los ilegalismos han ejercido sobre las más diversas profundidades de la vida de comunidades y territorios.
Una trama de acumulados de poder encargados de controlar los desplazamientos de poblaciones precarizadas entre países devastados por la economía, debilitar o confrontar las luchas sociales y colectivas, controlar la devastación de biomas y ecosistemas, contener o apaciguar el sufrimiento y malestar psíquico-afectivo, y rentabilizar las formas actualizadas de trabajo precario-esclavo.
Todas las tramas “ilegales” con mayor capacidad de operaciones y acción en un contexto donde la miseria deja de enquistarse en las periferias globales y locales, para tornarse “circulante”, redefiniendo barrios, guerras y fronteras armadas por todo el continente y a nivel global.
Sólo hace pocos días un Uber en Brasil me contaba que “el patrón de los autos” al que le arrendaba su herramienta de trabajo estaba buscando establecer horarios fijos bajo acuerdo de palabra. Lo que me recordó a otro Uber que en Tijuana, hace 10 años, me había contado que arrendaba su propio auto de trabajo bajo una forma inusitada de “compadrazgo” laboral con “el señor de los autos”.
Las relaciones barriales y vecinales han pasado a ser de sometimiento bajo formas de trabajo que emulan las que grandes corporaciones exigen a sus empleados: “ponerse la camiseta” por el patrón o “la muerte”. Rearticulación de toda una red íntima de códigos de amistad y solidaridad en clave laboral y de dominio.
Junto con ellas, “lo narco” promueve nuevas pautas culturales de socialización, sexualidad, erotismo, consumo, performatividades o maneras de ser-estar y aparecer en las calles. Códigos de respeto, de jerarquización, de dominio del barrio, de la población, de la casa.
Podríamos decir que el objeto del “narcoterrorismo” es la delicada infraestructura afectiva y simbólica sobre la que se encarnan miserias vividas, memorias territoriales, historias familiares, luchas personales, vivencias de género, códigos éticos y principios morales, desafíos transgeneracionales, épicas familiares, capacidades individuales y sueños o futuros compartidos en todo el continente.
Ese último gran esfuerzo colectivo por la vida que los barrios tenían para buscar imaginar otros futuros posibles para sus propias comunidades. Financiarismo salvaje. Memorias, afectos y narrativas territoriales son absorbidas por “lo narco” como una pauta moral e individualizante de discursos de “motivación”, de “rendimiento”, de emprendedurismo, de jefatura y de superación social.
Pero también, como señala Ainhoa Vásquez, formas de resistencia. Gramáticas que van a usar el género cultural para contrarrestar las propias miserias sociales que lo engendran, buscando respuestas afectivas y económicas más expeditas ante el abandono, la exclusión y las jerarquías de la sociedad.
Luchas por la vida: Una docuserie
En cada capítulo mensual, estas coordenadas producidas por líderesas comunitarias, investigadoras, jóvenes activistas y proyectos comunitarios nos permitirán navegar por la atmósfera de incertidumbre-ambiente que ha impuesto la estrategia del “narcoterrorismo” sobre lo más íntimo y cotidiano de nuestras comunidades y territorios.
Sus efectos, los conceptos que se han producido para entenderlo, las prácticas y estrategias que se producen a nivel local para contenerlo, resistirlo y traducirlo. Como también el amplio espectro de contradicciones y encrucijadas éticas donde la idea de una vida digna para los territorios se disputa con formas del bien y del mal cada vez más crueles e inenarrables.
Sin duda, el narcoterrorismo como vía para Latinoamérica nos exige buscar relatos y pistas en la vida real del continente. Comprender las formas regionales que ha adoptado “lo narco” tras 55 años de haber sido implementado como una estrategia de intervención para América Latina por el gobierno de Nixon en Estados Unidos, impulsando retóricas y agendas estatales vigentes.
Pero también, reconocer, escuchar y dar visibilidad a los procesos colectivos, las tareas incansables de comunidades y redes por imponerle un límite ético, social y afectivo a un horizonte desgarrador basado en el secuestro, la desaparición, la ganancia y la acumulación ilimitada de poder y riqueza sobre la vida en todas sus formas.
Patricio Azócar Donoso es investigador integrante de la Cooperativa Espacio .tierra. Doctorante en Psiquiatria por la UFRGS y Antropologia en la Universitat Rovira i Virgili. Miembro del grupo de investigación sobre violencias Intemperie.
Javier Moreno Apablaza es documentalista, fotógrafo y creador audiovisual. Creador de Estudios Baret.
La entrada Luchas por la vida… más allá del narco: Una docuserie de los territorios para los territorios se publicó primero en El Ciudadano.
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