El Ciudadano
El sistema de salud pública en Ecuador atraviesa una de sus peores crisis institucionales, dejando a miles de ciudadanos en un estado de vulnerabilidad extrema. Bajo el gobierno de Daniel Noboa, las quejas de pacientes, gremios médicos y defensores de derechos humanos se han intensificado ante una realidad que parece no tener solución.
«Mi tumor no va a esperar ocho meses a que el hospital me dé una cita», denuncian los ciudadanos que deben esperar ese lapso de tiempo para que un especialista les otorgue diagnóstico definitivo y que más allá de un trámite administrativo, se convierte en una sentencia de muerte para quienes padecen enfermedades graves.
«Este retraso burocrático tiene consecuencias fatales», denunció Ana C., paciente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Su testimonio refleja el caos diario: al llegar a su cita, se encontró con que su médico había renunciado y nadie le informó. La única respuesta que obtuvo fue la orden de presentarse cada día con la esperanza de ser atendida. Ana recorre hora y media en bus desde su casa hasta el hospital, un viaje que muchas veces resulta en vano, sumando frustración a la angustia de su padecimiento. En patologías como el cáncer, donde el tiempo es un factor determinante, una espera de más de medio año provoca que la enfermedad sea detectada en etapas avanzadas, reduciendo drásticamente las probabilidades de supervivencia.
La falta de un diagnóstico oportuno amenaza a a quienes sufren enfermedades raras o huérfanas. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que existen más de 7.000 de estas condiciones y Ecuador cuenta con un registro oficial desde 2023, la teoría no se aplica en los hospitales. Los pacientes con fibrosis quística, atrofia muscular espinal o síndrome de Rett se enfrentan a un cúmulo de obstáculos: grave déficit de profesionales capacitados y demoras extremas para acceder a exámenes especializados, consignó La Hora.
Las cifras oficiales ocultan una realidad desoladora en materia de atención a los pacientes, especialmente en recintos como Hospital Eugenio Espejo, el más grande de la red pública. Mientras el gobierno de Noboa mantiene un silencio incómodo, la Federación Médica Ecuatoriana (FME) revela datos alarmantes: el abastecimiento general apenas alcanza el 44% y en el área de odontología la disponibilidad de insumos toca fondo con un crítico 9%. Esta escasez impacta de manera letal a pacientes renales, trasplantados y con enfermedades catastróficas, quienes dependen de fármacos de alta complejidad para no perder la vida. La falta de medicamentos no es un número en una estadística; ya que representa la interrupción de quimioterapias y terapias inmunológicas.
«El propio sistema me está empujando a la muerte»
Diego Jimbo, fundador de la Fundación de Pacientes con Enfermedades Catastróficas (FUPEC), denunció que este desabastecimiento crónico es sistemática y que a la espera por un diagnóstico se suma la angustia de no encontrar los medicamentos necesarios.
«El propio sistema me está empujando a la muerte», denunció Elena M., paciente oncológica de Quito, quien no pudo esperar los ocho meses por una cita y, luego de que su familia se endeudara para obtener un diagnóstico privado, se topó con que el hospital público no tiene el combo de quimioterapia completo para tratar su cáncer de colon.
El recordatorio Noboa: «La salud no es un favor político, sino un derecho constitucional»
La promesa gubernamental de solucionar la crisis con compras internacionales genera más dudas que certezas. El pasado 24 de mayo, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró que en tres semanas tendrían resultados con la adquisición de fármacos desde la India. Sin embargo, el plazo expiró y la falta de transparencia sobre la logística, la trazabilidad y las especificaciones técnicas de los insumos ha generado una profunda desconfianza en el sector médico. Tampoco se conocen los avances de la nueva Empresa Pública de Abastecimiento en Salud.
Los únicos informes provienen de boletines de prensa del Ministerio de Salud, como el del 18 de junio, que anunció la entrega de más de $4,2 millones en medicamentos para Manabí, sin explicar la procedencia de los fármacos.
Los testimonios de los afectados reflejan el profundo impacto humano de esta crisis. Carlos J., padre de un menor con Atrofia Muscular Espinal en Guayaquil, relató a La Hora que el diagnóstico fue solo el inicio de la pesadilla: la medicina de alto costo que salvaría a su hijo no está disponible. «La enfermedad de mi hijo avanza cada día que pasa sin su tratamiento», lamentó.
De igual manera, Inés T., paciente trasplantada renal de Pichincha, señal que recibir un riñón fue un milagro que el desabastecimiento amenaza con arrebatarle. «Te dicen que no hay inmunosupresores, esos medicamentos evitan que mi cuerpo rechace el órgano», denunció.
Ante la inacción estatal, Diego Jimbo recordó que «la salud no es un favor político, sino un derecho constitucional».
*Imagen destacada: Radio Pichincha.
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