El Ciudadano
Ecuador abre sus fronteras a una intervención militar sin precedentes, luego de que su presidente, Daniel Noboa firmara este jueves un decreto que autoriza el despliegue de efectivos extranjeros, principalmente de Estados Unidos (EE.UU,) y la Unión Europea (UE) en el territorio del país suramericano, otorgándoles un estatus legal de privilegio que los exime de cualquier responsabilidad penal o civil.
Bajo el argumento de fortalecer la lucha contra el crimen organizado en las provincias más golpeadas por la violencia, la medida representa un giro radical en la política de seguridad del país, que hasta ahora se limitaba a la cooperación en inteligencia sin la presencia física de tropas de otras naciones. La decisión, que abre las puertas a una presencia militar del Pentágono en Ecuador, se enmarca según el mandatario de derecha en el denominado «conflicto armado interno» que su administración declaró a inicios de 2024.
El instrumento legal firmado por Noboa no solo facilita la llegada de personal castrense extranjero, sino que establece un blindaje jurídico integral que incluye inmunidad penal y civil para los cooperantes.
Además, faculta al jefe de Estado para conceder indultos y rebajas de penas, una disposición que se extiende también a policías, militares y civiles nacionales que participen en las operaciones conjuntas.
Según reportó TeleSUR, esta protección legal ha generado una ola de críticas entre movimientos sociales, analistas políticos y dirigentes opositores, quienes califican la iniciativa como una subordinación inaceptable a intereses foráneos y un ataque directo a la soberanía nacional, al permitir que fuerzas extranjeras actúen sin el control de las leyes ecuatorianas Incluso .han denunciado presuntos abusos por parte de militares en el país.
En un intento por ampliar el paraguas legal de la medida, Noboa exhortó a la Asamblea Nacional a tramitar leyes de amnistía que complementen el blindaje ofrecido a las fuerzas de seguridad.
Noboa militariza Ecuador, pero no logra frenar la violencia
Esta polémica disposición coincide con la activación de un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias y tres cantones, renovando un régimen de excepción que se ha vuelto recurrente durante su gestión.
El nuevo decreto, que finalizará el 31 de julio, es el último eslabón de una cadena de emergencias que comenzó en enero de 2024. El propio Noboa había prometido que el 2025 sería el año del fin de la crisis, pero los datos desmienten cualquier avance
Sin embargo, la escalada en la militarización del país contrasta notablemente con los resultados obtenidos en materia de seguridad ciudadana. Ecuador cerró el año 2025 con una cifra histórica de 9.281 homicidios, lo que se traduce en una tasa superior a los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes, consolidando al país andino como uno de los más violentos del continente, a pesar del despliegue militar.
El contexto de violencia extrema ha servido de telón de fondo para la creciente preocupación de las organizaciones defensoras de derechos humanos, que documentan constantes atropellos a la población civil bajo el amparo de los estados de excepción. Al respecto, TeleSUR recordó de cuatro menores afrodescendientes en Guayaquil, quienes fueron arrestados por patrullas militares en diciembre de 2024 y posteriormente hallados sin vida cerca de una base castrense. La justicia local, en un fallo que intenta reparar el daño, condenó recientemente a los soldados responsables a penas de hasta 34 años de prisión, aunque el nuevo marco legal podría abrir la puerta a que estos crímenes queden en la impunidad si se aplican los indultos presidenciales.
La decisión de Noboa lejos de pacificar el territorio, profundiza el temor a que la lucha contra el crimen se convierta en un escenario de violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales.
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