El Ciudadano
En medio de la polémica por los cobros de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), el Partido Socialista (PS) denunció que mientras la Tesorería General de la República (TGR), por instrucción del Ministerio de Hacienda, ha vaciado cuentas bancarias de cientos de deudores inmediatamente después de que estos percibieran sus remuneraciones, desde el Gobierno de José Antonio Kast mantienen resistencia en avanzar con herramientas, como el levantamiento del secreto bancario, para investigar delitos económicos de gran escala.
La TGR está ejecutando embargos contra personas morosas del CAE que no regularizaron su deuda tras ser notificadas. Según confirmó la propia institución, el operativo, puesto en marcha siguiendo órdenes del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya se aplicó en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y en los próximos días se extenderá al resto del país. Las cuentas afectadas no son solo corrientes, sino también cuentas vista y de ahorro, lo que ha generado una ola de desesperación entre los deudores, cuyos testimonios se multiplican en redes sociales.
A través de una declaración pública, desde el PS expresaron su “preocupación y rechazo” a estas acciones y planteó que si bien las obligaciones financieras deben cumplirse y que las deudas contraídas deben ser pagadas «ello no puede realizarse a costa de vulnerar las condiciones mínimas de subsistencia de las personas y sus familias».
«Ninguna política de cobranza del Estado puede desentenderse de principios elementales de dignidad, proporcionalidad y justicia social«, indicaron.
«El Estado no puede transformarse en un agente expropiatorio que profundice la precariedad»
En el texto subrayaron una paradoja que consideran insostenible, ya que la misma administración que despliega la mano dura contra trabajadores endeudados por estudios universitarios, muestra resistencia a la hora de avanzar en herramientas como el levantamiento del secreto bancario para combatir fraudes millonarios o colusiones que afectaron a millones de ciudadanos.
«Resulta especialmente preocupante la severidad con que se actúa contra trabajadores y trabajadoras que enfrentan dificultades económicas, mientras que en otros ámbitos hemos visto resistencia para avanzar en herramientas fundamentales para combatir delitos económicos de gran escala, como el levantamiento del secreto bancario, o silencio frente a graves casos de colusión que perjudicaron a millones de chilenas y chilenos, como los ocurridos en los mercados de las farmacias y de los productores de pollo», señalaron.
“El Estado no puede transformarse en un agente expropiatorio que profundice la precariedad de quienes ya enfrentan complejas situaciones económicas”, sentenciaron.
Ante este escenario, extendieron un llamado al Gobierno de Kast y a la autoridades competentes a revisar las medidas, aplicadas resguardar los ingresos indispensables para la vida de las familias y avanzar en soluciones justas y definitivas para quienes mantienen deudas asociadas al CAE, de manera concordante con las normas legales vigentes y con lo pronunciado por la Corte Suprema en relación al modo de actuar de la TGR.
El diputado socialista Juan Santana, miembro de la Comisión de Educación, rechazó el vaciamiento de cuentas bancarias de deudores y deudoras y planteó que «usar la herramienta más dura del Estado contra alguien que se endeudó para estudiar es desproporcionado”.
De acuerdo con el parlamentario «cuesta entender» la decisión de la administración de Kast, ya que al mismo tiempo empuja una megarreforma económica-tributaria» que le baja el impuesto a las grandes empresas del 27 al 23%, y reduce la recaudación fiscal en cientos de millones de dólares».
“El CAE fue un mal sistema desde el comienzo, y la salida nunca pasó por vaciar la cuenta a la gente», afirmó en declaraciones recogidas por El Mostrador.
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