San Salvador, 15 feb (EFE).- Cerca de un centenar de familiares de personas detenidas en El Salvador, que defienden la inocencia de sus parientes, protestaron este domingo contra los juicios masivos de personas arrestadas en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y denunciaron irregularidades en los procesos.
Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo- permite la realización de procesos penales masivos contra supuestos miembros de pandillas en audiencias que pueden mantenerse abiertas.
"Este es un genocidio, lo que el Gobierno está tramando: agrupar a inocentes junto con verdaderos criminales. Eso es lo que ha hecho el régimen de excepción" y "no hay intención de este gobierno de liberar a los inocentes", dijo a periodistas Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).
Agregó que a los familiares de las personas que se concentran en MOVIR, cuya inocencia defienden y afirman que no pertenecen a pandillas, "no pudieron encontrar delito individualmente, caso por caso".
Sostuvo que en estos casos "el nivel de pruebas es casi nulo" y que "no permiten testigos de descargo o que den fe de la inocencia", además de que a los abogados defensores no se les está notificado la realización de audiencias con suficiente tiempo.
"No le han permitido a la familia presentar arraigos, donde están todos los documentos que comprueban que era una persona trabajadora, un buen vecino, un buen padre, muy responsable, solo vale lo que dice la fiscalía. Entonces, es una nueva trampa para justificar la condena masiva", denunció.
Las personas, ataviadas con camisas con los nombres y rostros de sus familiares y pancartas con reclamos de libertad, caminaron por las principales calles de San Salvador hasta llegar al Centro Histórico, para concentrarse.
Los manifestantes gritaron consignas como "defendemos inocentes, no delincuentes", "Vivos se los llevaron, vivos los queremos" y "libertad para los inocentes" a lo largo de su recorrido.
El polémico régimen de excepción, señalado de violentar derechos humanos, se convirtió en la principal apuesta del Gobierno de Bukele contra las pandillas y le supuso al mandatario Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato pese a la prohibición constitucional.
En el contexto de esta medida, en vigencia desde marzo de 2022, han sido capturados más de 90.000 supuestos pandilleros, según las autoridades de Seguridad, pero el Gobierno ha reconocido la detención de al menos 8.000 inocentes.
Las organizaciones humanitarias han recabado más de 6.400 denuncias de atropellos a derechos humanos, además de la muerte de más de 480 personas en custodia del Estado. EFE
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