La vivienda propia sigue siendo una de las principales aspiraciones de las familias chilenas. Más allá de los cambios económicos, sociales o políticos de las últimas décadas, el acceso a una vivienda continúa representando seguridad, estabilidad y una oportunidad concreta de mejorar la calidad de vida.
Sin embargo, alcanzar ese objetivo es cada vez más complejo, debido al aumento del valor de las viviendas, el encarecimiento del crédito y algunos desafíos estructurales de las políticas públicas existentes.
Acceder a una vivienda en propiedad es un proceso que exige tiempo, esfuerzo, capacidad de ahorro y, en muchos casos, el apoyo del Estado a través de subsidios. En este escenario los recursos públicos deben complementarse adecuadamente, conformando la triada ahorro, subsidio y crédito, que permita tanto a grupos vulnerables como a sectores medios y emergentes acceder a la vivienda en propiedad, considerando a su vez el significativo cambio de la composición de hogares revelado por el último censo.
Durante los últimos años, diversos factores han contribuido a desalinear los instrumentos sociales utilizados para identificar y seleccionar adecuadamente a los beneficiarios de las políticas habitacionales.
Un elemento que merece especial atención es la necesidad de implementar una fila única de postulantes administrada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sistema que permitiría contar con información certera y dinámica sobre la demanda, que haría posible la trazabilidad de las postulaciones y un mejor seguimiento de la composición de los hogares y sus condiciones socioeconómicas. Otro elemento es contar con un Registro Social de Hogares especializado para determinar las necesidades de vivienda de los hogares.
El debate sobre vivienda no puede limitarse únicamente a construir más unidades habitacionales. También debe abordar cómo se asignan los beneficios, cómo se verifican las condiciones de los postulantes y cómo se garantiza que los recursos públicos lleguen de manera justa y eficiente a todos los que requieren apoyo estatal.
Por Benito Baranda, director Fundación Invica.
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