La historia de la humanidad aconseja ser precavidos y no dejar pasar leyes habilitantes o cosas parecidas que luego tienen consecuencias irreversibles. De momento aparece en desarrollo una versión chilena de Donald Trump a la que se le debe poner freno para conservar la democracia.
Luis Cuello. Diputado Partido Comunista. 25/08/2026. En septiembre de 2025 el presidente norteamericano Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró a Antifa como “organización terrorista nacional”. Lo curioso es que Antifa no es propiamente un movimiento u organización, sino que la expresión se refiere a grupos heterogéneos de activistas de izquierda que se oponen al neonazismo, supremacismo blanco y el racismo.
Al sur del imperio, casi un año después, el Presidente José Antonio Kast presenta una reforma a la Constitución que le otorga la facultad de declarar que “una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado”, que deberá ratificar el Senado en sesión secreta. Como complemento, el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública contenida en esta reforma permitiría al Presidente interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, como también restringir el ejercicio del derecho de asociación. Las normas propuestas no resultan aisladas ni casuales, y revelan un objetivo autoritario que no sólo tiene que ver con Chile. En este contexto, conviene tener a la vista algunos intercambios – y vergonzosas reverencias- del gobierno de Kast con el régimen de Trump.
El embajador norteamericano en Chile Brandon Judd puso en evidencia al Ministro de Defensa Fernando Barros al revelar su firma en una declaración, fechada el 12 de marzo, en que el Gobierno de Chile compromete su intención de unirse a “una coalición para combatir el narcoterrrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”.
No es aventurado suponer la naturaleza de esas “otras amenazas compartidas”. Chile, junto a otros 65 países, participó en julio en Washington en la cumbre contra el “terrorismo de extrema izquierda” convocada por el Secretario de Estado Marcos Rubio. En su discurso inaugural, Rubio lanzó una diatriba contra las ideas de izquierda, invocando hechos inconexos para justificar el propósito de la reunión. Afirmó que la izquierda radical es “un resentimiento venenoso enmascarado tras el lenguaje de la igualdad”.
Los pasos previos de Trump en el orden interno facilitan la comprensión de los fines de esta iniciativa internacional. Semanas después de declarar a “Antifa” como organización terrorista, el régimen norteamericano emitió el Memorándum Presidencial NSPM-7 contra el “terrorismo interno y la violencia política” que ordena investigar a organizaciones que presentan elementos comunes como el anticapitalismo y anticristianismo, “hostilidad hacia quienes defienden las ideas tradicionales estadounidenses”, entre otros. Para ello, mandata al fiscal general a indagar “actos terroristas con motivación política, tales como llamadas falsas a la policía, disturbios, amenazas de violencia y desorden público”. El Memorándum ha sido denunciado por organizaciones de la sociedad civil y congresistas estadounidenses como una herramienta para reprimir la disidencia.
Aunque lo relativiza, el gobierno ultraderechista del Presidente Kast se plegó de inmediato al Escudo de las Américas, alianza creada para implementar la nueva y agresiva versión de la Doctrina Monroe. Sin embargo, la subordinación del gobierno chileno a Estados Unidos no se limita a los intereses geopolíticos.
La reforma constitucional presentada por el gobierno con la excusa de fortalecer la seguridad pública se inscribe en un esfuerzo por debilitar la democracia y transformar el sistema político en un régimen constitucional autoritario que concentra el poder presidencial, restringe arbitrariamente los derechos humanos y crea instrumentos para perseguir a la disidencia política. Si el Congreso permite que esta reforma avance, aún con supuestas mejoras, nos espera un futuro con férreo control de las comunicaciones privadas, órdenes ejecutivas o listas que le asignen el mote de terrorista a cualquier persona que piense distinto. El hecho de contar hoy con un “principal socio estratégico” – cómo dijo el Canciller Pérez Mackenna- que cada día comete crímenes en todo el mundo hace más peligrosa la propuesta gubernamental.
La historia de la humanidad aconseja ser precavidos y no dejar pasar leyes habilitantes o cosas parecidas que luego tienen consecuencias irreversibles. De momento aparece en desarrollo una versión chilena de Donald Trump a la que se le debe poner freno para conservar la democracia.
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