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El Ciudadano

Por Indhriana Parada*.

Durante años, la guerra llegó a Venezuela sin botas. Llegó en forma de “listas”, “riesgo”, “cumplimiento” y “sanciones”: palabras que suenan a “castigo legal”, pero que en la práctica funcionaron como coerción política y económica con impactos humanitarios. Fue una guerra de decretos y algoritmo: un bloqueo que se presenta como “procedimiento” y un daño social tratado como simple “efecto secundario”.

Llegó cuando se declaró a un país entero como “amenaza inusual y extraordinaria”, no porque pudiera derrotar al mayor aparato militar del planeta, sino porque su proyecto político resultaba intolerable para una visión hegemónica del continente. Ese rótulo abrió una puerta peligrosa: convertir a Venezuela en objetivo permanente y relativizar su soberanía, como si fuera un obstáculo y no un principio.

En ese primer tiempo, la guerra no buscó conquistar Caracas con tanques; buscó conquistar la vida diaria, impidiendo: créditos, repuestos, pagos, alimentos, medicinas, importaciones. La asfixia financiera se vendió como “política exterior”, pero operó como táctica de guerra. Y cuando el embargo total bloqueó activos y transacciones, el castigo se volvió colectivo. La “máxima presión” cayó sobre un país entero.

Ese patrón revela una intención que ya no se puede disimular: cuando se estrangulan ingresos, se persiguen activos y se criminalizan transacciones, el objetivo real no es “corregir conductas”. El objetivo es abrir paso a un tutelaje externo. Es la lógica colonial actualizada: debilitar al Estado, quebrar su decisión soberana y, en el momento oportuno, apropiarse de los recursos que pertenece a nuestra Nación.

Por eso el 3 de enero no fue un relámpago aislado, sino el momento en que la guerra se puso el uniforme. Lo que ya se ejecutaba por vías económicas y jurídicas, como guerra no convencional, se ejecutó ahora por vía armada.

El secuestro del Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de la Diputada- parlamentaria y Primera Dama  Cilia Flores, así como su traslado a una corte federal estadounidense, instalaron una pregunta más grave que cualquier acusación: ¿qué derecho rige cuando un Estado usa la fuerza armada en el territorio de otro y secuestra a su jefe de Estado junto a una diputada y Primera Dama?.

El Presidente Nicolás Maduro y su esposa, la parlamentaria Cilia Flores aparecen, en este contexto, como víctimas de una operación que pretende convertir un interés geopolítico en expediente penal. El mensaje es inequívoco: no se busca justicia, sino coerción; no se busca verdad, sino control. La figura del “enemigo criminal” funciona como disfraz para el hecho central: la disputa por un territorio soberano y por recursos estratégicos, con el petróleo como símbolo mayor, bajo una narrativa que revive la tutela y el despojo.

*Indhriana Parada, abogada especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional.

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