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Persiste en el país una seria situación deficitaria en esta materia.

“El Siglo”. Santiago. 10/12/2025. Como viene ocurriendo hace décadas, no es bueno el escenario en Chile cuando llega el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Persisten dramáticos déficit, hay casos que conmocionan, hay sectores que apuestan al negacionismo y la bajan el perfil al tema, los agentes del Estado siguen en la mira, lo que incluye exoficiales de Carabineros que dejaron ciega a una persona al dispararle a los ojos y se convierten en referentes de grupos de ultraderecha. Parece mentira, pero Chile es un país donde hay más de mil 400 cuerpos de detenidos desparecidos sin encontrar.

Hace varias semanas, se informaba del caso de Bernarda Vera, exmilitante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que estaba en la lista de detenidos desaparecidos y que fue ubicada viviendo en Argentina, lo que alimentó el negacionismo y desde la derecha se volvió a decir que durante la dictadura no hubo desaparecidos.

Pero en esos días también, en una nota de Ciper-Chile se reportó que “otros casos hasta ahora no reconocidos podrían ingresar próximamente a ese listado (detenidos desparecidos). José González, Ricardo San Martín, Óscar Vivanco y Ricardo de la Jara son ejemplos: los cuatro desaparecieron entre septiembre y octubre de 1973, fueron fusilados y sus cuerpos sepultados sin dejar registro en el Cementerio General. Ninguno tenía militancia. El Servicio Médico Legal los identificó entre 2017 y 2024. Sus casos -por ahora- no forman parte de las nóminas oficiales de víctimas”.

Hace más de un año que está instalado el caso de la activista indígena Julia Chuñil, desaparecida, sin que se sepa nada de ella, en el marco de cuestionamientos a las indagaciones policiales y judiciales que han incluido querer inculpar a familiares.

Hace un mes, David Gómez Valenzuela, se sumó a la lista de jóvenes presos o mutilados en sus ojos durante la revuelta social de 2019, que se han suicidado en estos años, por estar sometido a injustas condiciones carcelarias o no recibir el apoyo adecuado en el caso de los lesionados. “Como él, son cientos las víctimas -mutilados, fallecidos y sus familias- quienes han sido abandonados por el Estado. Una reparación integral y una Comisión de Verdad aún no son realidad”, declaró la senadora Fabiola Campillai, por cierto, ciega por los disparos a sus ojos realizados por un oficial de Carabineros.

En esa línea, se continúa planteando la exigencia de reparaciones por violación de derechos humanos y en una política de reparación integral por las violaciones de 2019 y 2020.

En su momento fue cuestionado que el Ministerio Público cerrara mil 509 causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2019 y el Grupo Iniciativas por los Derechos Humanos indicó que “es una cruda evidencia de cómo la falta de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición del pasado permiten que la historia se repita, profundizando el trauma social al imponer nuevamente la impunidad a las víctimas, sus familias y la sociedad”. Hay varios casos que permanecen en la nebulosa, como la muerte de cinco personas en la fábrica Kaiser, durante las protestas de 2019.

No se debe olvidar que en Chile existen más de mil 400 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura, una cifra escalofriante. Hasta ahora, nada se sabe de esas víctimas.

Se activó, durante este gobierno, el Plan Nacional de Búsqueda y hace un tiempo se señalaron avances como la conformación de una nueva Área de Búsqueda y Trayectoria, la realización de más de 40 diligencias en sitios de interés durante 2024, la identificación de más de 36 mil unidades documentales en archivos públicos, la participación de más de 1.200 familiares en encuentros desarrollados en todo el país, y la creación de un Comité de Seguimiento. Además, se estableció un mapa georreferenciado de las trayectorias de las 1.469 personas detenidas desaparecidas y la entrega de carpetas de calificación a las familias.

Hay pasos que se dieron últimamente en materia de derechos humanos, como la aprobación de la ley de Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, una medida de reparación simbólica esperada por décadas por las familias de víctimas de la dictadura. También la iniciativa destinada a garantizar financiamiento para los Sitios de Memoria.

Hay datos que saltan a la vista, como una información entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el Encuentro Nacional de Abogadas y Abogados Regionales de la entidad, en cuanto a que en el primer semestre de 2025 se recibieron 5.358 denuncias por violaciones a los derechos humanos en todo el país. Las más frecuentes denuncias registradas en el Área de Atención a la Ciudadanía del INDH, se refieren a situaciones en centros de privación de libertad (2.551 casos), violencia ejercida por funcionarios públicos (994 casos) y afectaciones a personas migrantes (597 casos).

Durante 2024, el número de casos denunciados de violaciones a derechos humanos llegó a 10.669, un aumento de 7,7% respecto a 2023, con 9.898 casos. De acuerdo a eso y con las cifras de este primer semestre, se prevé otra alza en denuncias por estas situaciones.

En definitiva, en pasado y presente, la situación en materia de derechos humanos en Chile persiste en ser delicada y llena de baches, lo que plantea obligaciones a cumplir por el Estado, reforzar la labor de organismos y colectivos de derechos humanos, persistir en políticas públicas de memoria, perseverar en exigencias a los agentes del Estado (principalmente policías y militares), salir al paso al negacionismo y el olvido, y aumentar la preocupación de cumplimiento de convenios y protocolos en este tema.

La entrada 10/12. Derechos Humanos. No desviar la vista se publicó primero en El Siglo.