El Ciudadano
El gobierno israelí ha dado luz verde a la instalación de 104 nuevos asentamientos de colonos en la Cisjordania ocupada, en una ofensiva que busca consolidar su dominio territorial y, de manera explícita, hacer inviable posibilidad de crear un Estado palestino.
Esta decisión, que constituye una flagrante violación del derecho internacional, se implementa mediante un proceso sistemático que combina el desplazamiento forzado, la expropiación de tierras, la violencia ejercida por colonos y lo que organizaciones de derechos humanos califican como prácticas de limpieza étnica contra la población palestina residente.
El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha sido el portavoz de esta política, definiendo la expansión como «el cumplimiento de las promesas electorales» y confirmando que la ocupación y la colonización son el eje vertebrador del Gabinete del régimen sionista del primer ministro Benjamín Netayahu.
Las autoridades palestinas han señalado que Smotrich no oculta el propósito final de la iniciativa: impedir la creación de un Estado palestino y fomentar una llegada masiva de colonos, para lo cual se han previsto exenciones fiscales que superan los 42 millones de dólares.
Las cifras actuales, proporcionadas por la organización israelí Peace Now, reflejan la magnitud del proyecto: 141 asentamientos y 360 puestos avanzados en Cisjordania, a los que se suman 15 asentamientos en Jerusalén Este, que albergan a unos 750.000 colonos israelíes, todo ello en tierras de las que generaciones de palestinos fueron expulsados.
La voluntad política de aniquilar la opción de un Estado palestino ha sido reiterada en los más altos niveles. En septiembre de 2025, durante la firma de un acuerdo para expandir los asentamientos en Maale Adumim —el mayor asentamiento israelí al este de Jerusalén—, Netanyahu fue contundente al declarar que «no habrá Estado palestino».
El premier adelantó que la previsión es duplicar la población de ese asentamiento hasta alcanzar las 70.000 personas en los próximos cinco años, un claro ejemplo de cómo la construcción masiva busca fragmentar el territorio y hacer inviable cualquier solución de dos Estados.
Esta ofensiva se ha visto reforzada por la reactivación de proyectos como el E1, una colonia cuyo plan fue retomado con la aprobación de la administración del mandatario estadounidense y aliado estratégico de Netanyahu, Donald Trump, después de haber sido frenado en 2012 y 2020 debido a las reticencias de Washington y los gobiernos europeos.
El proyecto E1 es particularmente letal para la viabilidad de un Estado palestino, ya que se extenderá entre Jerusalén y la colonia de Ma’ale Adumim, dividiendo Cisjordania en dos mitades, de norte a sur, y rompiendo la continuidad territorial entre Jerusalén Este y el resto de la región.
Smotrich, al momento anunciar en agosto de 2025 la validación de este proyecto con la construcción de más de 3.400 viviendas, sentenció que «el Estado palestino ha sido borrado de la agenda, no con eslóganes, sino con hechos», calificando cada nueva unidad como «un clavo más en el ataúd de esta peligrosa idea».
La inversión total para este desarrollo urbanístico superaría los 1.000 millones de dólares e incluiría nuevas carreteras y mejoras de infraestructura, consolidando un hecho consumado sobre el terreno. La comunidad internacional, la ONU e incluso organizaciones israelíes de derechos humanos han manifestado su rechazo al E1 por su impacto devastador sobre la cohesión territorial palestina.
La respuesta de la comunidad internacional ha sido de condena, pero sin traducirse en acciones efectivas que detengan el avance israelí. La Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en 2016, ya declaraba que los asentamientos «carecen de validez jurídica» y constituyen una violación flagrante del derecho internacional.
La semana pasada, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que los bombardeos y la expansión de los asentamientos están alcanzando niveles sin precedentes en la Cisjordania ocupada, denunciando que «los colonos judíos y las fuerzas de seguridad israelíes, actuando a menudo de común acuerdo, han atacado a comunidades locales, agredido a familias, destruido y confiscado bienes e incendiado mezquitas», consignó TeleSUR.
La portavoz de esta instancia, Ravina Shamdasani señaló que las restricciones de circulación son cada vez más estrictas, impidiendo a los palestinos acceder a servicios esenciales, y expresó su alarma por los discursos de algunos dirigentes israelíes que desean repetir en Cisjordania las devastaciones perpetradas en Gaza.
Mientras la comunidad internacional, incluidos gobiernos europeos y organismos de derechos humanos, condena estas políticas, ninguna sanción concreta ha logrado frenar la ocupación. Israel continúa su asedio y bloqueo en Gaza, bombardea y demuele en el sur del Líbano, y en Cisjordania intensifica los ataques de colonos, la creación de nuevos asentamientos y la expulsión de familias palestinas. La expansión de asentamientos no solo cercena el territorio, sino que fragmenta su geografía y dificulta cualquier posibilidad de autodeterminación, consolidando un sistema de apartheid, desplazamiento y ocupación que la sociedad civil global rechaza, pero que persiste ante la pasividad de la comunidad internacional.
*Con información de TeleSUR.
La entrada 104 nuevos asentamientos en Cisjordania: Israel avanza en plan para hacer inviable un Estado palestino se publicó primero en El Ciudadano.
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