Un total de 115 organizaciones de derechos humanos manifestaron su “profunda preocupación y rechazo” ante los nombramientos ministeriales anunciados por el presidente José Kast, especialmente aquellos vinculados a figuras que participaron en la defensa jurídica del dictador Augusto Pinochet.
En una declaración pública difundida por agrupaciones de memoria y derechos humanos, los firmantes cuestionaron directamente el nombramiento de Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos y de Fernando Barros como ministro de Defensa.
“Manifestamos nuestro total rechazo al nombramiento de Fernando Rabat como Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Fernando Barros, abogados que no sólo han defendido jurídicamente a Augusto Pinochet y su familia, sino que han negado, justificado y relativizado públicamente las violaciones a derechos humanos cometidas en dictadura”, señala el documento.
Las organizaciones sostienen que quienes asuman responsabilidades en ministerios clave del Estado deben cumplir estándares éticos particularmente exigentes, sobre todo en áreas relacionadas con memoria, justicia y reparación.
“La historia reciente de nuestro país debe empujar un marco ético, moral y político elevado para quienes asumirán la conducción de ministerios estratégicos, especialmente aquellos directamente vinculados a la verdad, la justicia, la memoria y la no repetición”, agregan.
Ministros de Kast ligados a la defensa de Pinochet
En el comunicado, las organizaciones detallan los antecedentes que motivan su rechazo a los nombramientos anunciados por el nuevo gobierno.
Respecto de Fernando Barros, recuerdan su rol como fundador del estudio jurídico Barros & Errázuriz y su participación en la defensa del dictador Augusto Pinochet luego de su detención en Londres en 1998.
En el caso de Fernando Rabat, las agrupaciones señalan que integró la defensa de Pinochet en causas judiciales emblemáticas.
Entre ellas mencionan la Operación Colombo, operación montada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1975 para encubrir la desaparición y ejecución de 119 opositores políticos, así como el caso Riggs, investigación que buscó esclarecer la malversación de fondos públicos atribuida al dictador.
Fernando Barros, a la izquierda, y Fernando Rabat, a la derecha, dos de los nombres cuestionados por 115 organizaciones de derechos humanos por sus vínculos con la defensa de Augusto Pinochet.
Las organizaciones también recuerdan la participación de Rabat en el estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía, donde trabajó junto a Pablo Rodríguez Grez, fundador de la organización ultraderechista Patria y Libertad.
Según el documento, dicha organización estuvo involucrada en acciones contra el gobierno del presidente Salvador Allende y vinculada al asesinato del entonces comandante en jefe del Ejército, René Schneider.
Organizaciones de DD.HH.: “un retroceso civilizatorio”
Para las organizaciones firmantes, estos antecedentes representan una señal política preocupante respecto del compromiso del nuevo gobierno con los derechos humanos.
“Estas trayectorias exponen el desprecio de la futura administración por la historia de este país, por las miles de personas que fueron torturadas, encarceladas, exiliadas, desaparecidas y ejecutadas por agentes del Estado bajo la dictadura”, afirma la declaración.
El documento califica las designaciones como “un retroceso civilizatorio”, señalando que podrían afectar los avances alcanzados en materia de memoria, justicia y reparación desde el retorno a la democracia.
“Es un retroceso civilizatorio que denunciamos con fuerza y con la certeza de que no hacerlo pone en riesgo nuestra democracia y pone en jaque los escasos avances en memoria, justicia, verdad y reparación que se han obtenido desde 1990 hasta la fecha”, agregan.
Vigilancia democrática de las organizaciones de DD.HH.
Finalmente, las agrupaciones reafirmaron su rol en la vigilancia democrática frente a las decisiones del nuevo gobierno.
“Como organizaciones de derechos humanos reafirmamos nuestro rol de legítima vigilancia democrática y reiteramos que el Estado de Chile tiene el deber ineludible de defender, promover y garantizar los derechos humanos”, señala la declaración.
Las organizaciones concluyen que el país debe seguir avanzando en verdad, justicia, reparación y memoria, especialmente frente al legado de impunidad que aún persiste en Chile.
A la declaración se sumaron 115 organizaciones de derechos humanos, memoria histórica y defensa de las víctimas de la dictadura, provenientes de distintos territorios del país. Las agrupaciones firmantes representan a colectivos de familiares de detenidos desaparecidos, ex presos políticos, organizaciones de memoria y entidades de promoción de los derechos humanos que, en conjunto, decidieron hacer público su rechazo a los nombramientos cuestionados. A continuación, la lista completa de organizaciones convocantes y que se suscriben al pronunciamiento.
Convocan:
1. Coordinadora Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos