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Promulgada en 2006, la ley que regula la investigación científica en el ser humano traía aparejada la creación de un organismo que tenía como fin asesorar a los distintos poderes del Estado en asuntos éticos que se presenten producto de los avances científicos y tecnológicos en biomedicina. Hasta aquí, sin embargo, los dos gobierno de Bachelet y Piñera, Boric y lo que va de Kast lo han pasado por alto.