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Ocho organizaciones gremiales de la Educación entregaron una carta dirigida al Presidente José A. Kast, en la que manifiestan su «profunda preocupación» por la actual situación educacional en Chile, derivada de medidas como los recortes en los presupuestos, la probable ‘pausa’ en el proceso de implementación de los SLEP, la ley Escuelas Protegidas y el proyecto de incivilidades.

Al respecto, el presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, afirmó que «estas son las grandes inquietudes que tenemos como representantes de los distintos mundos de la Educación. Nos hacemos eco de la preocupación de la población reflejada en la última encuesta CEP en que la Educación aparece tercera junto a seguridad y economía. Creemos que cuando se afecta la educación, se afecta a toda la población chilena y a la ciudadanía».

El representante de las y los docentes resaltó que «esta coordinación es un trabajo conjunto que estamos realizando los gremios para juntar fuerzas y defender el derecho a la Educación en nuestro país».

«Vamos a invitar a otras organizaciones, para que esta convergencia siga creciendo, porque es la manera que tenemos de convocar a la ciudadanía a defender la educación, sus recursos y hacer frente a esta amenaza que visualizamos para el 2027, que podría venir con más recortes. Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para evitar que esa situación ocurra», indicó Aguilar.

Por su parte, María Beatriz Fuenzalida Cofré, presidenta nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, Andime, advirtió que «los recursos que se emplean en educación los aportan todos los chilenos y chilenas a través del pago de impuestos. Retrasar la instalación de los SLEP les da carta abierta a las municipalidades a que gasten la plata en lo que quieran. Hay que recordar que los SLEP se crearon precisamente para que los recursos de educación se gastaran en educación».

La dirigenta denunció que «están reduciendo a los funcionarios públicos para que no fiscalicemos, nosotros defendemos a todos los ciudadanos, ciudadanas y sus familias. La educación es un derecho fundamental. Esperamos que el señor Presidente esté a la altura y nos dé una respuesta fortalecida y convincente».

En tanto, Javier Obando, dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia de Educación, Asume, hizo hincapié en que «no estamos fiscalizando los recursos del Estado. Estamos muy preocupados porque la comunidad escolar completa hoy está al arbitrio de los sostenedores. No hemos tenido absolutamente ninguna fiscalización a los establecimientos educacionales con respecto al uso de los recursos que deben presentar los sostenedores de Chile. Nos estamos dedicando solamente al tema de las denuncias».

Finalmente, Takuri Tapia, presidente de la Fentuech, Federación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales de Chile, resaltó que «a través de esta carta planteamos nuestra preocupación por la situación de las Universidades del Estado que hoy tras los recortes ya se han descontinuado ciertos programas, y esa situación es preocupante para las comunidades universitarias».

«El 3% que en algún momento se anunció podría significar el 15 o hasta el 20% del presupuesto de las universidades. Así que manifestamos nuestra preocupación por lo que está ocurriendo con estos recortes y también por lo que pueda venir el 2027», recalcaron desde la Federación.

Suscribieron la carta dirigida a Kast el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Andime, Fentuech, Asume, la Asociación de Administrativos, Auxiliares, Técnicos y Profesionales de la Junji (Aprojunji), la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación (Aefen), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fundación Integra (Sindidos Integra) y la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (Fenaedup).

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