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A principios de mayo, el Ministro del Trabajo y Previsión Social nos convocó a formar la Mesa de Reactivación Laboral, con un encargo preciso: proponer medidas concretas para incentivar la creación de empleo formal, con énfasis en el empleo femenino, en los jóvenes y la reducción de la informalidad. Durante 49 días trabajamos de manera independiente y ad honorem, en un proceso que incluyó el análisis de 80 propuestas enviadas por personas y organizaciones, así como también la realización de 40 audiencias.

Partimos de un diagnóstico que no admite ambigüedades. Chile lleva 41 meses consecutivos con desempleo igual o superior a 8%; el dato más reciente marca 9,4% —el peor registro en cinco años— ascendiendo a 10,5% en mujeres y 24,6% en jóvenes. La tasa de ocupación está por debajo de su nivel prepandemia desde hace 74 meses. Y todo esto ocurre mientras el resto de la OCDE y de América Latina no muestra un deterioro comparable. No es un problema cíclico, sino una emergencia con causas estructurales, y por eso creemos que requiere respuestas de la misma naturaleza.

El principal motor para generar empleo es, sin duda, el crecimiento económico, por lo que resulta indispensable una estrategia que eleve el crecimiento tendencial del país. Sin embargo, existe un fuerte desacople entre la recuperación de la actividad económica y la generación de empleo, lo que confirma que el crecimiento por sí solo no será suficiente. Es imprescindible modernizar nuestro mercado del trabajo para que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI, tanto reduciendo las rigideces que hoy operan como freno a la contratación formal, como resguardando los derechos laborales, y bajando las barreras que enfrentan grupos en desventaja, como las mujeres y los jóvenes.

Para hacer frente a estos desafíos, proponemos 22 medidas en cinco ejes: medidas para aumentar el empleo femenino haciéndonos cargo del ciclo de cuidados; ajustes a los subsidios al empleo, con foco en los jóvenes y la formalidad; reforma al sistema de capacitación laboral; cambios a la regulación laboral que hoy operan como freno a la contratación formal; y mejoras en la información disponible para diseñar y evaluar políticas públicas.

La mayoría de estas medidas requiere cambios legislativos y, por su naturaleza, no tendrá efectos en el empleo en lo inmediato. Salir de esta crisis exige, entonces, una mirada de largo plazo. Por eso, más allá de las medidas particulares, nuestro llamado es avanzar en un diálogo social de carácter urgente, con sentido de país. Son discusiones difíciles, cuyos resultados en varios casos requerirán romper con paradigmas históricos y construir confianzas, para alcanzar acuerdos donde hoy existen posiciones cerradas.

Creemos, sin embargo, que es posible avanzar. Esta agenda no pretende ser exhaustiva ni definitiva, sino ofrecer una base concreta para iniciar una discusión que Chile no puede seguir postergando. El costo de no actuar ya lo están pagando casi un millón de personas desempleadas, especialmente jóvenes, mujeres y hogares de menores ingresos.

*Los autores de la columna son miembros de la Mesa de Reactivación Laboral