El Ciudadano
En un acto cargado de importancia histórica y política, el presidente Gustavo Petro sancionó este martes desde la Universidad del Cauca, ubicada en la ciudad de Popayán, la Ley 2568 de 2026, una reforma que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y transforma radicalmente el esquema de financiación de las instituciones de educación superior públicas del país suramericano. La norma pone fin a más de tres décadas en las que el crecimiento de los recursos universitarios estuvo atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), un mecanismo que el Ejecutivo calificó como una «trampa» estructural que perpetuó el ahogo financiero del sistema universitario público.
La elección del escenario para la promulgación no fue fortuita. El Cauca, departamento que concentra algunas de las brechas sociales más profundas del país, y la Universidad del Cauca, la principal institución pública de una región marcada por décadas de conflicto armado, desplazamiento forzado y pobreza rural, sirvieron como telón de fondo para lo que el Gobierno del líder progresista considera un punto de inflexión en la política educativa colombiana.
#AEstaHora el Presidente @PetroGustavo llega a Popayán, Cauca, para promulgar la Ley 30, con la que este Gobierno le cumple a la juventud colombiana, garantizando más presupuesto para las universidades públicas.
— Presidencia Colombia
La lucha de la juventud hoy se reivindica en el Gobierno de las… pic.twitter.com/Lxe8IPfKjr(@infopresidencia) March 3, 2026
El fin de tres décadas de asfixia financiera y ruptura con el IPC
La nueva ley marca un hito frente al modelo vigente durante más de treinta años. Antes de esta norma, el crecimiento de los recursos para las universidades públicas se ataba al IPC, un indicador diseñado para medir el costo de vida de los hogares, no para reflejar los costos reales del sector educativo.
Según cálculos del Gobierno colombiano esa desconexión generó una brecha acumulada de necesidades insatisfechas: los costos operativos de las universidades crecen en promedio un 9% anual, mientras el IPC se ha ubicado históricamente por debajo de ese umbral, impidiendo que las instituciones pudieran sostener adecuadamente sus funciones de formación académica, investigación, infraestructura y mantenimiento de la planta docente, pese al aumento sostenido de la matrícula estudiantil.
En su discurso, el presidente Petro explicó con crudeza la lógica perversa del modelo anterior: «Todos sabemos que durante décadas prácticamente se detuvo, el movimiento gubernamental por adelantar, desarrollar, profundizar la educación pública en general en Colombia», afirmó el mandatario, señalando que el antiguo esquema de financiación operó como un mecanismo de freno sistemático al desarrollo universitario.
El núcleo de la reforma es precisamente el cambio de indicador. La Ley 2568 sustituye el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un instrumento calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que mide con mayor precisión el comportamiento de los gastos propios del sector: nómina docente, infraestructura, investigación y servicios conexos.
Este nuevo marco no solo garantiza una actualización más realista de los recursos, sino que incorpora partidas adicionales destinadas a ampliar cobertura, cerrar brechas regionales históricas y avanzar en la formalización laboral de los docentes universitarios.
De manera progresiva, la ley vincula la inversión en educación superior pública al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), estableciendo una meta de largo plazo equivalente al 1% del PIB, consignó Radio Nacional de Colombia.
Este objetivo representa un salto cualitativo en la concepción de la educación como prioridad estructural de la nación, equiparable a los estándares de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Un trámite legislativo sin precedentes
El Congreso de la República aprobó la iniciativa el 15 de diciembre de 2025 con una votación que reflejó el amplio consenso en torno a la necesidad de transformar el modelo: 116 votos a favor y ninguno en contra. Con la sanción presidencial de este martes, la ley entra en vigencia para el ciclo presupuestal de 2027, el primero que corresponderá al próximo gobierno, garantizando así una transición ordenada hacia el nuevo esquema.
La iniciativa da cumplimiento a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y es resultado de un prolongado proceso de diálogo con estudiantes, docentes, rectores y otros actores del sistema universitario. El Gobierno destacó que la reforma responde también a las demandas históricas del movimiento estudiantil colombiano, que durante décadas ha defendido la educación pública como derecho fundamental y ha denunciado el desfinanciamiento sistemático de las instituciones.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, explicó los detalles técnicos de la apuesta fiscal del Gobierno e indicó que los recursos aumentados en IPC más 30 puntos debían hacer base presupuestal para que la gratuidad dejara de ser una política coyuntural y se convirtiera en un elemento estructural del sistema.
Esta fórmula, según el ministro, permitirá que los beneficios de la política de gratuidad, que hoy cubre al 97% de los estudiantes de universidades públicas e instituciones tecnológicas, se mantengan en el tiempo independientemente de los cambios de gobierno.
Transferencias del Estado a universidades públicas se duplicaron
Durante su intervención, el presidente Petro presentó un balance detallado de los avances en materia de financiamiento durante su administración. Las transferencias del Estado a las universidades públicas se duplicaron al pasar de 5,5 billones de pesos (colombianos) al inicio del gobierno a cerca de 12 billones en 2025. Para 2026, el presupuesto asignado supera los 13,3 billones, lo que representa un aumento del 104% en recursos de funcionamiento en comparación con 2022.
Con la reforma ya vigente, el sistema universitario público recibirá en 2027 cerca de un billón de pesos adicionales, recursos que deberán destinarse a consolidar los procesos de ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad académica y cierre de brechas regionales.
Los resultados en materia de acceso a la educación superior también fueron destacados por el mandatario. La tasa de cobertura pasó del 54,9% en 2022 al 60% en 2025, lo que equivale a la creación de 347.710 nuevos cupos en el sistema.
El reto planteado por el Presidente es ambicioso: llevarla al 70% durante el próximo gobierno, tomando como referencia el promedio de la OCDE, que se ubica en el 75%, y el caso de Corea del Sur, que ha alcanzado la cobertura universal del 100%.
Uno de los indicadores que más celebró el Gobierno fue el aumento en la tasa de tránsito inmediato, es decir, el porcentaje de jóvenes que ingresan a la educación superior en el año siguiente a su graduación de bachilleres. Este indicador subió del 41,1% al 49,8% a nivel nacional. En las zonas rurales, donde históricamente las oportunidades de acceso han sido más limitadas, el avance fue aún más significativo: pasó del 24,7% al 32,5%. En las áreas urbanas, el tránsito inmediato creció del 46,2% al 53,7%.
La universidad como «cemento de la paz»
Más allá de las cifras y los indicadores técnicos, el presidente Petro planteó que la educación es el «cemento de la paz» y el instrumento más sólido para superar la violencia estructural que ha marcado la historia colombiana. Argumentó que la ignorancia ha sido históricamente combustible de la violencia política y que la universidad pública debe articular saberes académicos con conocimientos indígenas y populares, no suprimirlos en nombre de una supuesta superioridad cultural.
El líder progresista también rechazó las visiones de superioridad cultural en el escenario internacional y defendió que América Latina debe proponer el diálogo entre civilizaciones y no la confrontación, una postura que busca posicionar a Colombia como un actor propositivo en el concierto global de naciones.
Hacia el final de su intervención, el presidente Petro sorprendió con un mensaje directo y contundente dirigido al sector financiero de Colombia, recordando que la solución al déficit fiscal no puede recaer sobre los hombros de las mayorías, sino que debe fundamentarse en la contribución efectiva de los sectores más poderosos:
«Los señores banqueros están equivocados y les notifico, aquí el déficit fiscal sólo se extingue y yo quiero que se extinga es a partir de que los más poderosos paguen sus impuestos de acuerdo a la ley», afirmó.
Metas pendientes y nuevos desafíos en materia de educación
Con la Ley 2568 ya sancionada, el Ministerio de Educación deberá completar en los meses restantes del gobierno una serie de tareas pendientes, entre las que se destacan la apertura de nuevas sedes universitarias y la superación de los 400.000 nuevos cupos creados desde 2022 antes de finalizar el mandato. El presupuesto de 2027 deberá incorporar como base el nuevo esquema de financiación establecido por la ley, garantizando así la continuidad del modelo independientemente del resultado de las próximas elecciones presidenciales.
Entre los logros recientes mencionados durante el evento en Popayán se destacó la apertura de sedes universitarias en Nazaret, en el departamento de La Guajira, y la creación de una facultad de medicina en Riohacha, territorios históricamente excluidos de la oferta educativa superior. Estas nuevas sedes representan, en la visión del Gobierno, la materialización del principio de cierre de brechas regionales que inspiró la reforma.
Con la sanción de la Ley 2568, Colombia cuenta por primera vez en su historia con un esquema de financiación universitaria atado a los costos reales del sector y vinculado al desempeño general de la economía. El modelo supera la «trampa del IPC» que durante treinta años mantuvo a las universidades públicas en una situación de ahogo financiero crónico, impidiendo su desarrollo y profundizando las desigualdades en el acceso a la educación superior.
*Foto destacada: Radio Nacional de Colombia.
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