El Ciudadano
Un reciente dictamen de la Contraloría General de la República obliga a miles de trabajadores del sector público a pasar más tiempo en la pega, extendiendo su jornada efectiva más allá de las 42 horas semanales.
La resolución, basada en un decreto de 1965, establece que estos funcionarios no podrán considerar su tiempo de colación como parte de la jornada laboral cuando trabajen menos de 43 horas a la semana.
Esta disposición, que comenzará a regir el 26 de abril, afecta directamente a todos aquellos laboran en servicios estatales descentralizados, pero que están contratados bajo las normas del Código del Trabajo, un universo que incluye a empleados de entidades tan diversas como el Hospital de Carabineros, la Comisión Nacional de Acreditación, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el Servicio Nacional de Migraciones o el recién creado Servicio Nacional Forestal.
El núcleo del problema radica en la interpretación que la Contraloría hace del decreto N° 1.897 de 1965. Este cuerpo legal, que regula la actividad laboral tanto en el ámbito público como privado, establece condiciones específicas para la pausa de colación.
Según consignó CIPER, en su resolución N° D136, emitida el 18 de marzo en respuesta a consultas de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), el ente contralor advirtió que los trabajadores con una jornada inferior a 43 horas semanales no tienen derecho a imputar los 30 minutos de colación a su tiempo de trabajo. En otras palabras, para quienes pasen a la nueva jornada de 42 horas, el descanso para alimentación se suma a la jornada, resultando en una permanencia real de 44,5 horas semanales (considerando media hora diaria de lunes a viernes), lo que contrasta con el máximo de 44 horas que rige para los funcionarios públicos sujetos al Estatuto Administrativo, quienes sí incluyen su colación dentro de ese tope.
La decisión no solo elimina una condición beneficiosa para los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, sino que crea una paradoja dentro de una misma repartición pública, donde personas que realizan labores similares pero con distintos regímenes jurídicos podrían terminar con cargas horarias efectivas diferentes.
Más allá de los servicios descentralizados ya mencionados, la sombra del dictamen se extiende hacia las grandes empresas del Estado. Ante una consulta de CIPER, el órgano contralor evitó pronunciarse de manera concluyente sobre si esta misma lógica afectará a los trabajadores de corporaciones como Codelco, Banco Estado, Correos de Chile o FAMAE.
La respuesta del ente fiscalizador abrió la puerta a una futura ampliación del criterio. Al ser consultado, el organismo señaló que emitir una opinión jurídica sobre esas instituciones “implicaría analizar la jurisprudencia correspondiente y, en concreto, emitir un dictamen referente a esas instituciones”.
ANEF acusa «distorsión» de la norma y pide a Contraloría reconsiderar el dictamen
La resolución no ha tardado en generar un fuerte rechazo entre los gremios del sector público. La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ya solicitó por escrito a la Contraloría que reconsidere el dictamen, argumentando que el ente regulador ha incurrido en errores de valoración jurídica. La organización sostiene que la interpretación del ente fiscalizador no solo se aparta del espíritu protector de la norma original, sino que atenta contra derechos consolidados.
“La interpretación sostenida por la Contraloría se aparta del espíritu normativo, en cuanto pretende eliminar un beneficio que, además de responder a la finalidad protectora de la norma, se encuentra válidamente incorporado al patrimonio jurídico de los trabajadores, configurándose como un derecho adquirido”, indicó la agrupación en el texto consignando por CIPER.
El eco de esta molestia se escuchó también desde el presidente de la ANEF, José Pérez, quien calificó la intervención del ente contralor como una «distorsión» de una norma que ya estaba plenamente vigente y asimilada por las partes.
En la misma línea, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dipreca (Anfudip) anunció que iniciará acciones para “salvaguardar los derechos e intereses de nuestros asociados” ante los efectos de este pronunciamiento.
En el mundo académico, la medida también ha despertado alerta. Pamela Martínez, profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Chile, calificó la decisión como “discutible”, criticando el método empleado por la Contraloría.
En declaraciones al medio de investigación, la experta sostuvo que el organismo incurrió en “una interpretación excesivamente literal de una norma”, que no considera la evolución de la legislación laboral en más de seis décadas.
A su juicio, la interpretación de la norma de 1965 «se pudo resolver de otra forma”.
Mientras la Contraloría se mantiene firme en su postura y los gremios exigen que se reconsidere la medida, los miles de trabajadores públicos regidos por el Código del Trabajo enfrentan un escenario adverso, ya que a días de que el 26 de abril entre en vigor la segunda etapa de la reducción gradual de la jornada laboral establecida por la Ley N° 21.561, descubren que, en su caso, la letra chica de un decreto de hace 60 años los obligará, paradójicamente, a pasar más tiempo en la pega.
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