El Ciudadano
Tras 9 días de paro nacional indefinido, la tensión en Bolivia se mantiene en un punto crítico. La Central Obrera Boliviana (COB) endureció este martes sus medidas de presión para anular el Decreto Supremo 5503, conocido popularmente como «Gasolinazo», con la instalación de piquetes de huelga de hambre y nuevas marchas que fueron reprimidas por la fuerza policial frente a la Plaza Murillo, epicentro del poder político.
Los movilizados, entre los que también hay fabriles y maestros, marcharon nuevamente por el centro histórico de La Paz e intentaron entrar a la plaza por distintos accesos cerrados con vallas metálicas y custodiados por agentes antimotines.
El decreto, que contiene 121 artículos y establece, entre sus puntos más polémicos, la eliminación del subsidio a los combustibles, gatillando un incremento inmediato en los precios de la gasolina y el diésel, de 86% y 160%, respectivamente, lo cual ha generado un rechazo transversal en el movimiento sindical, boliviano que acusa al gobierno del presidente Rodrigo Paz de promover una política de «ajuste económico» y de facilitar la entrega de recursos naturales.
COB endurece postura: huelga de hambre y movilización permanente
Frente a la sede central de la COB, en el centro de La Paz, ya no solo hay consignas y pancartas. Este martes se instalaron los primeros piquetes de huelga de hambre, una medida extrema que simboliza la radicalización del conflicto. Los puntos de protesta se repiten en al menos tres lugares estratégicos: la propia sede sindical, la Casa Social del Maestro –impulsada por el Magisterio Urbano– y las instalaciones de la Federación de Mineros.
«Estamos cumpliendo lo que se determinó en los ampliados de la COB con todas las federaciones, confederaciones, organizaciones afiliadas y no afiliadas”, declaró a TeleSUR Claudio Choque, secretario general de la COB, ratificando la continuidad de las protestas.
Choque fue enfático en desmarcar la movilización de cualquier interés político partidario, enfocándola en demandas sociales y laborales.
— teleSUR TV (@teleSURtv) December 30, 2025
| La Central Obrera Boliviana #COB intensifica sus protestas en el 9º día con piquetes de huelga de hambre.
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Más allá del ajuste en los precios de la gasolina y el diésel, el malestar sindical se concentra en lo que consideran el «corazón oculto» del decreto. Los dirigentes denuncian que la normativa “habilita de manera expedita la entrega de recursos naturales y estratégicos del país sin pasar por el Órgano Legislativo”, un mecanismo que, a su juicio, beneficiaría principalmente a empresas privadas. Para la COB, el decreto adolece de «vicios de nulidad» por no haber sido socializado adecuadamente antes de su promulgación.
La determinación de sostener la presión fue reafirmada incluso durante la Navidad. En un ampliado nacional realizado en la Federación Departamental de Mineros de La Paz, la central sindical resolvió “extender las medidas de presión a todos los departamentos del país” con el objetivo declarado de consolidar una protesta de alcance nacional.
Desde la COB anunciaron que las marchas continuarán en el centro paceño y que en las próximas horas se realizará un nuevo ampliado para evaluar el desarrollo de las protestas y definir las siguientes acciones.
La respuesta del Gobierno: mesas de diálogo y defensa del decreto
Frente a la escalada, el Gobierno de Rodrigo Paz optó por una estrategia de llamado al diálogo y defender el polémico decreto, argumentando que es una medida que apunta a enfrentar una crisis fiscal en Bolivia.
En una conferencia de prensa conjunta, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, acompañado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció que desde enero se desarrollarán “mesas técnicas” con diferentes sectores para analizar el decreto.
“Aprovecharía este momento para convocar a la Central Obrera boliviana y a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia a que acudan a dialogar”, indicó Oviedo.
Lupo detalló que las reuniones se llevarán a cabo en Palacio de Gobierno, con presencia de medios de comunicación, y que en ellas se analizará el contenido “de fondo” del decreto, permitiendo a los diferentes sectores plantear sus observaciones.
Asimismo, planteó que “todos los instrumentos son perfectibles”, en referencia al polémico DS 5503.
Por su parte, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, intentó desactivar la narrativa del conflicto irremediable. Recordó que en días pasados “hubo reuniones con diferentes sectores como del autotransporte, gremiales, mineros cooperativistas, comités cívicos y del sector productivo sobre la norma y se hallaron puntos de encuentro”.
Espinoza defendió la cuestionada eliminación del subsidio a los combustibles como un paso necesario para la estabilización económica, consignó Erbol.com.
Mientras los piquetes de huelga de hambre se consolidan y las marchas amenazan con retornar al centro de La Paz, el Gobierno confía en que el diálogo técnico y sectorial pueda descomprimir la situación. Sin embargo, la distancia entre las posiciones es abismal: la COB exige la abrogación pura y simple del decreto, mientras el Ejecutivo solo ofrece revisarlo y «perfeccionarlo».
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