El Ciudadano
El presidente de Ecuador Daniel Noboa decretó el pasado martes un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en 10 provincias y tres cantones, en un intento por contener la ola de inseguridad que mantiene al país en vilo. La medida, que estará vigente por 60 días, permite a la fuerza pública realizar allanamientos y requisar bienes, pero excluye el toque de queda. Sin embargo, la decisión llega en un momento crítico, ya que el país suma cerca de 900 días en régimen de excepcionalidad desde que el derechista asumió el cargo en noviembre de 2023, sin que las alarmantes cifras de homicidios logren descender. La tasa de asesinatos cerró 2025 con 50,9 por cada 100 mil habitantes, equivalente a 9.200 crímenes, lo que evidencia el fracaso de una estrategia que prioriza la militarización, pero que no lograr frenar la violencia.
El Decreto Ejecutivo 432, que entró en vigor este miércoles, abarca provincias clave como Guayas, Manabí, Pichincha (donde se ubica Quito) y Esmeraldas, además de los cantones La Maná, Las Naves y La Troncal. La justificación oficial se sustenta en informes reservados del Centro Nacional de Inteligencia que alertan sobre la presencia de estructuras criminales y hechos violentos recientes, como el asesinato de la fiscal de Manta, Alexandra Bravo. No obstante, la ampliación de la medida no convence a sectores críticos, que señalan la ausencia de resultados concretos pese a la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y la correspondencia.
Aunque el estado de excepción no impone restricción a la movilidad, si habilita a las Fuerzas Armadas y la Policía para intervenir de manera discrecional en los territorios señalados. Según el mandatario de derecha se busca «precautelar el orden público y la seguridad ciudadana», pero la población ecuatoriana vive con escepticismo cada nuevo anuncio, pues la violencia no da tregua.
Mientras tanto, según consignó Prensa Latina, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han expresado su preocupación por las crecientes denuncias de abuso en el marco de estas operaciones militares, que han dejado un saldo de arbitrariedades sin que el Estado garantice procesos de control efectivos.
El nuevo decreto, que finalizará el 31 de julio, es el último eslabón de una cadena de emergencias que comenzó en enero de 2024. El propio Noboa había prometido que el 2025 sería el año del fin de la crisis, pero los datos desmienten cualquier avance. La continuidad de estas declaratorias sugiere que el gobierno se ha instalado en la excepción como política de Estado, sin atacar las raíces estructurales del crimen organizado.
La gran deuda del mandatario no es la falta de decretos, sino la ausencia de eficacia. Con más de 9.200 víctimas fatales en 2025, Ecuador se ha consolidado como uno de los países más violentos de la región.
La pregunta que flota en el ambiente es si el gobierno está dispuesto a cambiar el rumbo o si seguirá sumando más días de excepción que no resuelven la crisis.
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