El Ciudadano
Los recientes cuestionamientos a las condiciones de seguridad laboral en la industria salmonera, así como los crecientes debates sobre responsabilidad empresarial en las cadenas globales de suministro, han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿Cómo garantizar que las empresas prevengan impactos negativos sobre las personas y el medioambiente, y respondan adecuadamente cuando estos ocurren?
Esta discusión ha cobrado aún mayor relevancia en el escenario internacional. Un ejemplo de ello son las restricciones comerciales impulsadas por Estados Unidos respecto de bienes vinculados a trabajo forzoso, así como otras iniciativas que buscan exigir mayores estándares de transparencia, debida diligencia y responsabilidad empresarial a lo largo de las cadenas de suministro.
En este contexto, representantes de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas participaron en el X Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, realizado en Panamá, principal espacio de diálogo de la región sobre estas materias.
Durante el encuentro, 30 organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe suscribieron una declaración regional –a la que adhirió la Plataforma– en la que advierten que, pese a los avances registrados desde la adopción de los Principios Rectores de la ONU, los mecanismos existentes siguen siendo insuficientes para garantizar la prevención, la reparación y el acceso a la justicia frente a vulneraciones de derechos humanos asociadas a actividades empresariales.
Entre sus principales demandas, plantean la adopción de marcos regulatorios obligatorios sobre debida diligencia empresarial, la protección de personas defensoras de derechos humanos y el fortalecimiento del sistema multilateral en esta materia.
«Hoy las empresas conocen su responsabilidad en derechos humanos, pero en nuestros territorios el acceso a la justicia y la reparación siguen siendo una deuda», señala Florencia D. Vega, integrante del Comité Directivo de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas.
El foro reunió a representantes de gobiernos, empresas, sindicatos, pueblos indígenas, academia, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina para analizar los avances y desafíos pendientes en la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados hace 15 años.
Para Roberto Morales, coordinador ejecutivo de la Plataforma, una de las principales conclusiones del Foro fue constatar que la agenda de empresas y derechos humanos continúa avanzando en la región, impulsada por gobiernos, organismos internacionales y distintos actores económicos.
«Cuando uno observa lo que está ocurriendo en América Latina y otros espacios internacionales, ve que esta agenda avanza de manera gradual, pero constante. Existe cada vez mayor conciencia sobre la necesidad de prevenir impactos en derechos humanos y establecer mecanismos efectivos de debida diligencia empresarial», explica.
Otro aspecto destacado durante el encuentro fue el creciente protagonismo de las instituciones nacionales de derechos humanos y defensorías del pueblo de distintos países, organismos que han asumido un rol cada vez más activo en la promoción, supervisión y fortalecimiento de estándares vinculados a empresas y derechos humanos.
No obstante, Morales advierte que la situación chilena genera inquietud al contrastar con las tendencias observadas en otros países, llamando la atención la limitada presencia de autoridades chilenas y de representantes de gremios empresariales, mientras que en distintos países se visualizan avances sucesivos en la incorporación de estándares de derechos humanos en la actividad empresarial.
«En Chile persiste la sensación de que estos temas no ocupan un lugar prioritario dentro de la agenda pública», señala.
La participación de organizaciones sociales también fue tema de preocupación. Diversos asistentes advirtieron sobre las crecientes dificultades para asegurar la presencia de comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil en estos espacios, en un contexto marcado por la disminución de recursos disponibles para organismos multilaterales y agencias internacionales.
A 15 años de la adopción de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, desde la Plataforma sostienen que los principales desafíos para la región siguen siendo garantizar mecanismos efectivos de prevención, reparación y acceso a la justicia para las personas y comunidades afectadas por actividades empresariales.
«Este Foro es una oportunidad para consolidar una agenda regional común, recordando que la sostenibilidad no es un indicador corporativo, sino una condición necesaria para proteger nuestras vidas, nuestras comunidades y la naturaleza», concluye D. Vega.
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