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Con una puesta en marcha gradual en todo el país a partir del año 2000, la Reforma Procesal Penal consolidó un modelo de justicia más expedito y transparente. Sin embargo, la llegada del crimen organizado, el aumento de los delitos violentos y de complejos casos de connotación pública, como el de SQM, imponen la necesidad de reforzar varias aristas del sistema, a juicio de los especialistas.