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Al solicitarle a la menor que firmara un documento en inglés comprometiéndose a mantener relaciones sexuales, el acusado profundizó en un esquema de coacción que, según describió la Fiscalía, buscaba normalizar y perpetuar los abusos. Este hecho, junto a la obtención de material pornográfico de otras niñas y la obligación impuesta a la víctima para la producción de vídeos e imágenes de contenido sexual, constituyen algunos de los puntos recogidos en el escrito de acusación, según informó el medio.

De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía y reportó el medio, la Sección Primera de la Audiencia Provincial inició el lunes por la mañana el juicio contra el hombre acusado de trasladar de manera engañosa a una niña nigeriana a la isla de Mallorca, con la finalidad de someterla a explotación sexual y violencia continuada. El Ministerio Público solicitó una pena de cuarenta años de prisión para el procesado, a quien atribuye los delitos de trata de seres humanos, agresión sexual a menor de 16 años, elaboración de pornografía infantil y delitos contra la intimidad.

El pliego de acusaciones presentado por la Fiscalía detalla que, entre 2016 y 2019, el ahora acusado viajó en varias ocasiones a Nigeria, donde estableció contacto con la menor. Durante esos desplazamientos, ya cometió abusos sexuales hacia la víctima, que en aquel entonces contaba entre ocho y once años, precise el escrito fiscal al que ha tenido acceso el medio.

Tal como detalló la acusación, el acusado convenció a la niña para que viajara a Mallorca prometiéndole que así dejaría atrás la pobreza. Simultáneamente, intentó ganarse la confianza de la madre ofreciéndole matrimonio. De esta forma, hacia finales de 2019 logró que la menor se instalara en su residencia de la isla, según consignó el medio a partir de las comunicaciones del Ministerio Público.

Durante el período que transcurrió hasta la llegada a España de la niña, el hombre solicitó a la víctima imágenes y material de carácter sexual a través del teléfono móvil. El relato judicial recoge que la menor, ante la manipulación, llegó a interpretar los abusos como una vía para superar la situación económica precaria que vivía junto con su familia, según testimonio recogido por la Fiscalía.

Una vez en Mallorca, el procesado y la madre de la víctima se casaron formalmente. El acusado trasladó entonces a la menor a una localidad de la isla, mientras indicó a la madre que se alojara aparte, concretamente en Palma, supuestamente para facilitarle la inserción laboral. La separación física entre madre e hija, según describe el pliego de acusación citado por el medio, permitió al hombre intensificar la explotación, bajo la apariencia exterior de cuidar de la menor en funciones paternas.

Entre 2019 y 2024, según describió la Fiscalía en el informe difundido por el medio, se produjeron violaciones diarias. Además, el acusado forzó a la menor a participar en la producción de vídeos e imágenes de contenido pornográfico y llegó a obtener material similar de otras niñas. Toda esta dinámica se mantuvo hasta que la víctima narró su situación a la madre, lo que permitió poner fin a la convivencia y activar la denuncia, según detalló el medio a partir de la documentación judicial.

La Fiscalía estructuró su petición de condena en relación a los delitos de trata de seres humanos, agravados por la condición de menor de la víctima y por el uso sistemático de engaño y coacción. El Ministerio Público también incluyó la agresión sexual sobre menores de 16 años, así como la elaboración y posesión de materiales pornográficos prohibidos, conforme a lo indicado en la acusación y difundido por el medio participante en la cobertura del juicio.

El procedimiento judicial que se desarrolla ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial prevé varias jornadas de comparecencias, en las que se analizan las pruebas recolectadas y se recoge el testimonio de la víctima y otras partes implicadas, según publicó el medio. Por parte de la fiscalía, el relato de los hechos se apoya tanto en el relato de la menor como en los materiales incautados durante la investigación.

En la acusación se argumenta que la manipulación ejercida sobre la víctima tuvo como consecuencia la normalización de los abusos, en un contexto de dependencia, aislamiento y privación de recursos, que impidieron inicialmente la denuncia y la búsqueda de ayuda. El ministerio fiscal remarcó que tanto la captación en el país de origen, como el traslado, la documentación firmada y el control ejercido en Mallorca, formaron parte de un plan orientado a la explotación sexual continuada de la niña, según publica el medio.

La celebración del juicio representa una fase determinante para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad penal del acusado. La Fiscalía solicitó la imposición de cuarenta años de prisión en virtud de la suma de los delitos atribuidos, dado el carácter reiterado y agravado de la conducta del procesado, tal como reportó el medio en la previa al inicio de las vistas orales.