El Ciudadano
Por Verónica Aravena Vega
En Calama, un alumno asesinó a una inspectora. Eso ocurrió. Es real y es grave. Y desde esa tragedia, el gobierno de Kast construyó una ley para todos los colegios de Chile. Esa es la primera operación política de este proyecto: tomar el caso extremo, el más brutal, el más fotogénico en términos de horror, y convertirlo en el diagnóstico general. El caso excepcional se vuelve norma. Y una vez instalado ese miedo, cualquier pregunta parece irresponsable. Cualquier análisis, una frivolidad.
Los números llegaron después. 56 mil casos policiales en establecimientos educacionales. Un 18% más que el año anterior. El Gobierno presentó en la Comisión del Senado un dato con especial énfasis: el maltrato a docentes y equipos directivos había crecido un 129% según Carabineros. Cifras que funcionan como clausura: quien las cuestiona avala la violencia, quien pide análisis no tiene hijos en colegios públicos. Esa trampa es parte del diseño. Cuanto más grande el número, más urgente la emergencia. Cuanto más urgente la emergencia, más se suspenden las preguntas que importan: qué mide realmente esa cifra, qué decisión metodológica la produce, qué queda adentro y qué queda afuera de la categoría violencia escolar. La Superintendencia de Educación, con su propia metodología, registró para el mismo periodo un aumento del 39% en agresiones a docentes. No 129%. La diferencia no es técnica. Es política. Cuando se agrupa bajo la misma etiqueta un empujón y un asesinato, un insulto y una agresión con arma blanca, la cifra crece hasta volverse inmanejable. Pero hay un costo que nadie menciona: esa agregación borra la especificidad del daño real. El asesinato de la inspectora de Calama, convertido en estadística junto a miles de incidentes menores, deja de ser lo que es. La violencia grave queda disuelta en el número que la usa para justificarse. Eso no protege a las víctimas. Las administra.
De los 56 mil casos policiales, las lesiones graves o gravísimas fueron 226. El 0,4% del total. Los delitos contra la vida e integridad física en sentido amplio llegan al 29,4%. El resto son lesiones leves, amenazas, incivilidades. Ese dato emergió en la propia Comisión de Educación del Senado, sin que nadie lo contradijera. El Gobierno lo sabía. Un proyecto que responde con revisión de mochilas y carabineros en el pasillo al 0,4% más grave no es un error de diagnóstico. Es una decisión sobre qué parte del problema merece que el Estado aparezca.
El resto no produce buenas imágenes. El acoso sostenido entre pares, el ciberbullying, el hostigamiento diario que no deja moretones visibles no sirve para una ley de discusión inmediata. Requeriría tiempo, financiamiento real, presencia sostenida en comunidades que llevan décadas siendo abandonadas. Requeriría hacerse cargo. Y hacerse cargo es exactamente lo que este proyecto evita con una eficacia que no tiene en ninguna otra cosa.
El proyecto no irroga gasto fiscal. Ninguno. Los apoyos en salud mental, las duplas psicosociales, los psicólogos en los establecimientos quedan entregados a la capacidad de cada sostenedor. Es decir, a quienes ya no tienen capacidad. Treinta años de desfinanciamiento sistemático dejaron escuelas sin infraestructura, docentes agotados y comunidades sin red. El gasto por estudiante chileno sigue entre los más bajos de la OCDE. Un estudio longitudinal sobre datos SIMCE entre 2014 y 2022 muestra que la violencia bajó en escuelas públicas de menor nivel socioeconómico donde hubo intervención sostenida, y subió en establecimientos particular-subvencionados y privados de mayor matrícula donde no la hubo. No con mochilas revisadas. Con presencia, con vínculos, con adultos que tenían tiempo para detectar una señal temprana antes de que se convirtiera en un caso policial. Ese dato no aparece en el debate parlamentario. Contradice demasiado.
Lo que sí apareció, dicho por un senador que votó a favor, fue esto: la salud mental es la clave, pero este proyecto no cuenta con recursos. Una frase que contiene toda la contradicción. Nadie la detuvo a examinar. Siguieron votando.
En la Comisión se introdujo una modificación que revela más de lo que pretende ocultar: se excluyeron de las sanciones las situaciones derivadas de crisis, desregulación emocional o condiciones de salud, discapacidad o neurodesarrollo. Reconocieron en el articulado que hay estudiantes cuya conducta tiene origen en condiciones que el Estado no sostuvo. Y aun así no destinaron un peso para sostenerlas. El reconocimiento sin recursos es otra forma de desresponsabilización. Una más elegante. Y sin un peso.
Lo que este proyecto instala en la escuela es la misma lógica que ya opera en la cárcel, en el campamento, en la frontera: vigilancia sobre los cuerpos que el sistema ya decidió que eran el problema.
Porque esto no es una política de seguridad. Es una política de gestión de la pobreza. El Estado que no financia las duplas psicosociales, que no paga por lo que funciona, que deja al sostenedor solo frente al problema, es el mismo que ahora aparece con una ley para sancionar al estudiante que explota. Primero retira las condiciones. Después criminaliza las consecuencias. Y le llama protección. La violencia deja de ser el resultado de un sistema que abandonó a esos estudiantes y se convierte en una falla moral de cuerpos específicos. No cualquier cuerpo. Los más pobres. Los más estigmatizados. Los que llegaron al colegio desde comunidades donde el Estado solo aparece para sancionar. Lo que este proyecto instala en la escuela es la misma lógica que ya opera en la cárcel, en el campamento, en la frontera: vigilancia sobre los cuerpos que el sistema ya decidió que eran el problema. El inspector con la mochila abierta no va a revisar a todos por igual. Eso también lo sabían.
La Ley de Aula Segura, aprobada en 2019, prometió lo mismo con otras palabras. Más atribuciones para expulsar. Cero recursos para sostener. La violencia no disminuyó. Las denuncias siguieron creciendo. Escuelas Protegidas es su continuación amplificada. Lo que cambia es la escala del espectáculo.
La seguridad que ofrece este proyecto tiene un nombre preciso: la ausencia de ataques interpersonales gestionada con un protocolo. No es lo mismo que una escuela que sostiene, que acompaña, que tiene con qué responder cuando un estudiante llega roto. Eso es otra cosa. Eso no estaba en el presupuesto.
Eso define exactamente a quién protege este proyecto.
Y a quién no.
La gratuidad como castigo es la pieza más honesta. Quitarle el acceso a la educación superior al adolescente que creció en un sistema que le dio lo mínimo no es una medida de seguridad escolar. Es una declaración sobre quién merece futuro. El mercado, que nunca se fue de la educación chilena, vuelve a operar como selector: los que se portan bien acceden, los que explotan quedan afuera. Que ese estallido tenga nombre estructural —precariedad, abandono, violencia previa que el Estado no vio ni sostuvo— no figura en el análisis. Ya hay un protocolo para eso.
El proyecto fue aprobado con 24 votos a favor, seis en contra y 11 abstenciones. Nadie que votó a favor ignoraba que la salud mental era la clave y que el proyecto no tenía recursos. Lo sabían. Votaron igual.
Eso también es una declaración.
Si el Estado lleva décadas retirándose de las condiciones que hacen posible la vida en común dentro de una escuela, ¿con qué autoridad vuelve ahora con una ley para sancionar las consecuencias de ese retiro?
Solo una mochila abierta y un carabinero en el pasillo.
Por Verónica Aravena Vega
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