El Ciudadano
Ante la noticia de que el capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, condenado en mayo de 2025 por la Corte Suprema a 15 años de prisión efectiva por el homicidio de Romario Wladimir Veloz Cortés, se perfila como el primer militar en recibir un indulto por parte del gobierno de José Antonio Kast, la abogada que representa a los familiares de la víctima , Adriana Rojas, advirtió que la medida no solo significaría un mensaje de “impunidad absoluta”, sino que además constituiría un aval a la violencia estatal.
Cabe recordar que el joven ecuatoriano y estudiante de construcción civil de 26 años, fue la primera víctima fatal de la revuelta social y falleció el 20 de octubre de 2019 en La Serena.
Cinco años después de los hechos, específicamente el 7 de mayo de 2025, la Corte Suprema dictó sentencia y estableció como inapelable la condena de 15 años de prisión efectiva contra el capitán del Ejército José Faúndez, por el delito consumado de violencia innecesaria con resultado de muerte, además de dos delitos consumados de violencia innecesaria que causaron lesiones graves a Rolando Alberto Robledo Vergara y César Antonio Véliz Cortés.
Según reveló días atrás la periodista Mónica Pérez durante el programa Hablemos en Off de Radio Duna, el indulto se daría bajo el argumento de que anterior a los hechos, el excapitán habría tramitado su baja del Ejército por problemas de salud, salida que no se concretó en su momento.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada Adriana Rojas, describió el estado anímico de Mery Cortez, madre del joven fallecido y señaló que ante la posibilidad que se otorgue el oficial condenado por la muerte de su hijo, siente “rabia, tristeza y también miedo”.
“Romario tiene una hija pequeña que también ha tenido que transitar estos seis años de búsqueda de justicia y este miedo se genera a propósito de que puedan ser objeto de alguna acción de venganza o de cualquier situación que pueda ponerlas en riesgo”, manifestó la abogada.
A juicio de Rojas, este temor no es una mera invención, «que pueda ocurrir solo de la invención o de la imaginación de ella», sino que surge !a propósito de que delincuentes salgan libres y de que son criminales que además tienen un conocimiento en uso de armas, que están formados por una institución del Estado como es el Ejército».
La abogada hizo un llamado directo a Kast, señalando que si bien la facultad de indulto es discrecional, no puede ejercerse de manera arbitraria sin considerar a las víctimas, e insistió en que el mandatario tiene la obligación de conocer la información que emana del dolor de los familiares antes de tomar una decisión que, en su opinión, vulnera el sentido de justicia.
“Esta facultad que tiene, que si bien es discrecional, no puede ser arbitraria. Tiene que conocer toda esta información que emana de las víctimas y de los familiares. No puede ser solo en conocimiento de esta necesidad que tienen estos funcionarios del ejército de salir rápidamente de la cárcel y además, saltarse los procedimientos judiciales”, estimó.
En su análisis, Rojas se sumó a las críticas que han surgido desde distintos sectores del mundo judicial y político, incluyendo a la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, cuestionando la propia naturaleza de la figura del indulto presidencial. La representante de la familia Veloz lo calificó como un resabio de épocas monárquicas que aún persiste en la democracia chilena, sugiriendo que su uso en este contexto particular representa un retroceso en materia de garantías fundamentales.
“La línea roja debería ser la defensa de los derechos humanos”, sostuvo Rojas, ampliando la mirada más allá del caso de José Faúndez. La abogada advirtió que la discusión no puede centrarse únicamente en un nombre, ya que existen otros 13 funcionarios condenados que podrían verse beneficiados por una eventual política de indultos. Recordó que junto a Faúndez, por este mismo caso referente al operativo militar en La Serena, también fueron condenados «José Arenas Mancilla, por el disparo a Cesar Véliz y Carlos Robledo, quien es el funcionario militar que dispara y da muerte a Romario Veloz».
«Por otra parte, no tenemos muchas condenas por casos del estallido y eso igual es importante de decirlo», añadió.
Rol del Ejército y el incumplimiento de la sentencia
Profundizando en las dificultades que marcaron el proceso judicial, Adriana Rojas reveló los obstáculos institucionales que debieron enfrentar durante los seis años de búsqueda de justicia. Según la ljurista, uno de los aspectos más complejos fue la falta de colaboración por parte del Ejército, que habría entorpecido las investigaciones internas con el aval político de la época. La abogada apuntó directamente contra el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien se desempeñaba como ministro de Defensa durante los hechos registrados en el gobierno del expresidente fallecido Sebastián Piñera, y a quien señó de haber avalado la resistencia institucional a investigar.
“Se hizo una defensa institucional y hasta el día de hoy existe esa defensa institucional, porque si bien José Faundez está condenado y se encuentra cumpliendo una condena en Colina 1, él no ha sido dado de baja de la institución y esa es una decisión de la Comandancia”, acusó Rojas.
La abogada afirmó que, a pesar de haber sido condenado por homicidio y violencia innecesaria, Faúndez seguiría siendo parte del Ejército y continuaría percibiendo su remuneración, lo que constituye, a su juicio, una situación de privilegio que contradice el fallo judicial.
“Hoy día estamos en una delgada línea del incumplimiento de una sentencia, porque recordemos que la sentencia no solo da penas a cumplir, como en el caso de Faúndez, que es de 15 años, sino que también se le condenó a una inhabilitación del cargo de funcionario público y esa inhabilitación implica que él deje de ser parte del Ejército, cuestión que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Tenemos, además, una sentencia que no se ha cumplido en su totalidad”, sostuvo la representante legal en sus declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile.
Indulto e «i»mpunidad absoluta»
En este contexto, la eventual concesión del indulto para liberar a Faúndez bajo estas circunstancias enviaría un mensaje devastador para la sociedad: el de “impunidad absoluta”.
Advirtió que una medida de este tipo no solo vulnera el derecho a la justicia de las víctimas, sino que quiebra el deber fundamental del Estado de garantizar la no repetición de violaciones a los derechos humanos.
“Estaríamos avalando la violencia estatal en contra de la ciudadanía. Eso a mi parece grave y además, abre la puerta para que situaciones como éstas vuelvan a ocurrir y que se sigan disfrazando como actos heroicos, porque ya hemos vivido este relato”, recordó.
La abogada trazó un paralelo con discursos negacionistas de otros períodos oscuros de la historia chilena. “Esto de los actos heroicos lo hemos vivido también por parte de sectores políticos que dicen que los atroces crímenes cometidos en la dictadura fueron actos heroicos de la patria y hoy día volvemos a escuchar esos discursos. Esto no debiéramos permitir que avance y eso también es un llamado que hace Mery, un llamado a que la oposición se pronuncie con fuerza, pero también a que la ciudadanía vuelva a empatizar con estos relatos, que sigamos construyéndolos como parte de nuestra historia más reciente y sobre todo, para que defendamos, entre todos y todas, nuestros derechos”, remarcó.
Finalmente, Adriana Rojas adelantó que las acciones legales de la familia no cesarán si el indulto por parte de la administración de Kast se concreta. Confirmó que recurrirán a instancias internacionales para denunciar la medida y que estarán atentas a la reacción de la sociedad civil.
“Creo que es una situación bastante compleja, que pone en tensión al país”, enfatizó la abogada.
Asesinato de Romario Veloz durante la revuelta
El caso que genera alarma sobre los criterios que estaría utilizando el mandatario de ultraderecha para hacer uso de la facultad que le confiere la Constitución y conceder un indulto, tiene su origen en una tarde de octubre de 2019 en la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo., en medio de la crisis social más aguda que ha enfrentado Chile en décadas.
Los antecedentes del fallo judicial, describen la secuencia de acontecimientos ocurridos en la Ruta 5 Norte, a la altura del mall Plaza La Serena.
En ese momento, el capitán José Santiago Faúndez Sepúlveda ejercía como comandante de la Unidad Fundamental de Emergencia (UFE N°1), desplegado bajo el estado de excepción constitucional de emergencia. A las 18:08 horas, mientras se desarrollaba una manifestación, se registraron saqueos en algunos locales comerciales. Según estableció la justicia, Faúndez instruyó la conformación en cadena de tiradores, una maniobra que inicialmente logró disuadir a quienes sustraían especies. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado el objetivo sin necesidad de usar la fuerza letal, el oficial ordenó sucesivos avances de las líneas militares, escalando la tensión en el lugar.
A las 18:13 horas, Faúndez Sepúlveda dio la orden de abrir fuego con los fusiles que portaban los soldados bajo su mando. El tribunal acreditó que las armas —SIG calibre 7.62 y Galil calibre 5.56— estaban cargadas mayoritariamente con munición de guerra. Dos minutos después, a las 18:15 horas, el conscripto Rojas Barrera disparó una munición real que impactó a Rolando Alberto Robledo Vergara, causándole lesiones graves que le dejaron deformidad física permanente y discapacidad funcional.
La tragedia se consumó a las 18:22 horas. En conocimiento de que sus subalternos ya habían disparado con munición real y mantenían las armas apuntando a civiles, Faúndez dio una segunda orden de fuego. Fue entonces cuando el soldado conscripto Robledo Olguín disparó su fusil Galil, impactando a Romario Wladimir Veloz Cortés, un ciudadano ecuatoriano de 26 años, estudiante de construcción civil, que se encontraba de pie en las inmediaciones, provocándole la muerte. En la misma ráfaga, el cabo Arenas Mancilla disparó su fusil, hiriendo en la pierna izquierda a César Antonio Véliz Cortés, con lesiones que, de no mediar atención oportuna, le habrían causado la muerte.
La Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, María Soledad Melo y el abogado integrante Eduardo Gandulfo, ratificó en mayo de 2025 las condenas, desestimando los recursos de la defensa. Además de los 15 años para el capitán Faúndez, se confirmaron las penas de 10 años para el conscripto Robledo Olguín y 5 años para el cabo Arenas Mancilla.
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