La abogada que representa a reos de Punta Peuco, Carla Fernández, confirmó su participación en el proyecto de ley que busca conmutar las penas a presos mayores de 75 años o con enfermedades terminales. En primer instancia, Fernández aseguró que la iniciativa “no surge de mis defendidos. Honestamente, no hay ningún tipo de instrucción de parte de ninguna de las personas que defiendo”.
En conversación con Biobío, detalló que los primeros acercamientos con el senador Francisco Chahuán (RN), impulsor del proyecto, fueron mediante asesores y que era algo “netamente en el punto de vista humanitario”. Posteriormente mantuvo reuniones con el parlamentario y el texto se construyó en base a antecedentes jurídicos y experiencias de litigación.
En paralelo, respondió algunas de las críticas que han surgido en torno a la iniciativa, por ejemplo, que 12 mil reos se verían beneficiados. Ante ello, señaló que “la persona condenada tiene que solicitarlo al Juzgado de Garantía y demostrar que cumple con ciertos requisitos. No operaría de pleno derecho”.
Por ello, hizo énfasis que todo se trata de un cumplimiento alternativo de penas y no de un indulto. También se refirió a los casos de Álvaro Corbalán y Miguel Krassnoff, de quienes dijo que ninguno solicitaría el beneficio, ya que no cumplen los requisitos.
“Ellos prefieren morir con las botas puestas en Punta Peuco que solicitar algún tipo de beneficio carcelario”, aseveró.
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