El Ciudadano
Mauricio Menares afirmó que no existen antecedentes que justifiquen el cambio de régimen penitenciario. Además, recordó que informes previos descartaban su permanencia en ese recinto.
En un nuevo episodio de Sentido Común, Javier Pineda entrevistó a Mauricio Menares Hernández, sobrino y abogado de Mauricio Hernández Norambuena (conocido como Comandante Ramiro), quien realizó una exhaustiva revisión del caso judicial de quien fue uno de los principales dirigentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
La entrevista comenzó con Mauricio Menares explicando la detención de Hernández Norambuena. Señaló que Mauricio Hernández fue detenido en 1993 y condenado al año siguiente por dos hechos. El primero como autor material del asesinato de Jaime Guzmán y el segundo por el secuestro de Cristián Edwards. Ambas con resultado de cadena perpetua.
Menares explicó que el primer detalle inusual respecto a esta sentencia fue que la realizó el ministro en visita Alfredo Pfeiffer, quien era conocido por su cercanía a la extrema derecha chilena y quien —según Menares— aseguró haber generado odio y resentimiento hacia los militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Para Menares, el juicio contra Hernández no puede entenderse como un proceso ordinario. Argumenta que fue llevado por un ministro en visita y que las condenas se sustentaron en leyes especiales que, según sostiene, fueron diseñadas para perseguir la disidencia política. Además, ambos delitos fueron calificados como terroristas, lo que implicó la aplicación de la Ley Antiterrorista y un régimen procesal con menos garantías para los inculpados.
Por otro lado, el abogado explicó que, tras fugarse de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, Hernández Norambuena permaneció prófugo hasta 2002, momento en el que fue detenido en Brasil por el secuestro del entonces empresario Washington Olivetto.
Menares declaró que en un inicio la justicia brasileña reconoció una motivación política en el delito y lo condenó a 17 años de prisión. Sin embargo, tribunales superiores revocaron aquel criterio y elevaron la pena al máximo permitido entonces por la legislación brasileña, es decir, 30 años.
Además, el jurista agregó que, apenas se conoció la detención de Hernández en Brasil, Chile solicitó su extradición para que cumpliera las condenas pendientes por los casos de Jaime Guzmán y Cristián Edwards. A raíz de ello, Hernández Norambuena quedó sujeto simultáneamente al proceso penal brasileño y a una prisión preventiva con fines de extradición.
Aunque Brasil accedió a entregarlo, condicionó la medida a que Chile adecuara las penas de cadena perpetua a un máximo de 30 años, en concordancia con los límites establecidos por la Constitución brasileña. Según Menares, la negativa del Estado chileno a realizar esa modificación mantuvo el proceso entrampado durante años, mientras Hernández Norambuena permanecía encarcelado en Brasil bajo un estricto régimen de aislamiento.
Respecto a la calificación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Menares señaló que recientemente reconoció que el Estado de Brasil al momento de aplicar el régimen de aislamiento a Mauricio Hernández violó una serie de derechos humanos como la integridad física y psíquica, el principio de legalidad, la irretroactividad de la ley y una serie de garantías consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por otro lado, el jurista explicó que durante 17 años se intentó sin éxito que se conmutaran las penas de Hernández Norambuena, situación que cambió cuando en Brasil comenzó a acercarse la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios, luego de que un juez lo sacara del régimen de aislamiento al considerar que ya no representaba una amenaza real.
Según Menares, al enterarse de esta situación, Chile aceleró las gestiones y acordó con el gobierno de Brasil una extradición exprés en 2019. Como parte de ese acuerdo, Chile asumió dos compromisos principales: reemplazar las condenas a cadena perpetua por una pena máxima de 30 años y reconocer el tiempo que Hernández Norambuena había pasado privado de libertad en Brasil para descontarlo de su condena en Chile.
La implementación de estos compromisos quedó en manos del entonces ministro en visita Mario Carroza. Menares señaló que Carroza sí cumplió con la primera parte, al conmutar las dos cadenas perpetuas por dos condenas de 15 años cada una. Sin embargo, sostuvo que incumplió el segundo compromiso, ya que rechazó descontar los cerca de tres años y medio de prisión que, según Brasil, debían abonarse a la condena.
Para Menares, esta decisión contradijo los acuerdos internacionales suscritos por ambos países y se basó en un argumento que calificó de “ridículo”: que reconocer ese tiempo implicaría validar la existencia de dos prisiones preventivas simultáneas. Según el abogado, esa situación efectivamente ocurrió y fue precisamente una vulneración de derechos que debía ser considerada al momento de calcular la pena.
Cabe destacar que, cuando Mario Carroza estaba a cargo de la causa, Luis Hermosilla actuaba como abogado de la familia de Jaime Guzmán. En ese contexto, Menares afirmó que existen sospechas sobre posibles irregularidades en la investigación del asesinato del exsenador.
Según indicó, tras las revelaciones del denominado caso Hermosilla comenzaron a surgir antecedentes sobre la relación entre el abogado y el entonces juez Mario Carroza, quien estuvo a cargo del proceso que terminó con la condena de Mauricio Hernández Norambuena.
En ese contexto, señaló que presentaron una querella contra Carroza, Hermosilla y el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra. El abogado sostuvo que existen mensajes que evidenciarían una relación cercana y coordinaciones entre Carroza y Hermosilla, incluyendo conversaciones que, según publicaciones de prensa, abordarían la causa por el crimen de Guzmán. A juicio de Menares, estos antecedentes podrían dar lugar a delitos como cohecho, prevaricación o revelación de secretos.
Respecto de la investigación, indicó que la querella fue presentada hace algunos meses, pero cuestionó la escasa actividad inicial de la Fiscalía, señalando que el caso quedó radicado en una fiscalía local y sin diligencias relevantes. Agregó que, tras la publicación de un reportaje sobre la falta de avances, el Ministerio Público retomó contactos para evaluar nuevas diligencias, entre ellas incorporar a la causa los chats de Hermosilla que ya se encuentran en poder de los investigadores.
Por otro lado, al ser consultado respecto a la situación carcelaria de Hernández Norambuena, el jurista declaró que tras su extradición a nuestro país fue recluido en un régimen de máxima seguridad en la Unidad Especial de Alta Seguridad, donde permaneció hasta 2021. Posteriormente, fue traslado junto a otros internos a la cárcel de Rancagua debido a remodelaciones del recinto, allí permaneció durante varios años en condiciones relativamente ordinarias.
Sin embargo, aseguró que hace algunos días Hernández Norambuena fue trasladado nuevamente al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) sin previo aviso y sin haber cometido faltas disciplinarias. El abogado calificó la medida como arbitraria y sostuvo que implica condiciones mucho más restrictivas, con limitaciones a las visitas, menor acceso a derechos y mayores medidas de control.
Menares cuestionó que el traslado afectara únicamente a Mauricio Hernández y recordó que el propio Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería habría señalado anteriormente que el Repas está destinado a internos altamente conflictivos o vinculados al crimen organizado, características que, a su juicio, no corresponden al exfrentista.
Respecto a los pasos a seguir, Menares señaló que la familia de Hernández ha realizado una gestión administrativa con el fin de conocer el motivo del traslado. Además, han interpuesto como defensa un amparo ante el juez de garantía: “Eso hoy día está en conocimiento por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que ha oficiado a Gendarmería de Chile para que explique el traslado y diga las posibilidades de regreso a Rancagua y una vez que se reciba ese informe se va a citar audiencia”, señaló.
Asimismo, señaló que se ofició al propio Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería para que realice una nueva visita y pueda emitir un informe al respecto, el cual esperan que indique de Hernández Norambuena no debiese estar en aquel recinto.
Finalmente, el abogado señaló que ya se realizó una protesta en Gendarmería en Valparaíso y que proximamente habrán convocatorias en la capital.
A continuación, puedes revisar el capitulo completo de Sentido Común:
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