Madrid, 24 jun (EFE).- Representantes del Consejo General de la Abogacía, del Consejo General de Procuradores y de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales han reclamado este miércoles al Ministerio de Justicia la creación inmediata de una comisión mixta de calidad para abordar los problemas detectados tras la implantación de los tribunales de instancia.
En un comunicado conjunto, las tres organizaciones detallan que han mantenido un encuentro con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, a quien han reclamado "una solución urgente" a la "falta de atención e interlocución" que sufren a diario los profesionales de la abogacía en los órganos judiciales.
En este sentido, le han trasladado que el primer paso es la constitución "inmediata" de una comisión de calidad prevista en la ley para detectar incidencias, medir resultados y adoptar soluciones.
La ley de eficiencia de la justicia ha supuesto la mayor reorganización de la justicia en décadas, al sustituir cerca de 3.900 juzgados unipersonales por 431 tribunales de instancia, implantados de forma progresiva durante 2025.
Paralelamente, el 3 de abril de 2025 entraron en vigor los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito previo para numerosos procedimientos judiciales.
Seis meses después de la primera fase de implantación, las tres profesiones jurídicas consideran necesario realizar una evaluación rigurosa del funcionamiento real del nuevo sistema basado en la experiencia de los miles de profesionales que trabajan en este sector, como son los abogados, los procuradores y los graduados sociales.
La Abogacía exige que cualquier futura reorganización vaya precedida de planes de formación del personal y se ordene conforme a criterios de especialización técnica, que se unifiquen los criterios y prácticas procesales para reducir la disparidad detectada y reforzar la seguridad jurídica, además de dotar de las anunciadas plazas judiciales y del resto de plantillas.
Por ello, solicita un plan para reducir la dispersión de sedes y adaptar definitivamente las instalaciones a las características del nuevo modelo organizativo.
Respecto a los MASC, instan a resolver los conflictos mediante métodos alternativos, la aprobación de un módulo retributivo específico al letrado de oficio y garantizar el pago puntual de las actuaciones del turno, incluidas las derivadas de estos mecanismos, y evitar que los costes asociados al MASC recaigan sobre los beneficiarios de la justicia gratuita.
A la reunión han acudido los presidentes del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García, y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán.
Señalan que el secretario de Estado, acompañado por parte del equipo del Ministerio, ha mostrado su voluntad de abordar la solución de los problemas implantados y mantener un diálogo más intenso con los consejos profesionales y se ha convocado una nueva reunión para el próximo 29 de julio. EFE
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