Sevilla, 27 mar (EFE).- La Audiencia de Sevilla ha absuelto al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera en una pieza separada del caso ERE por la ayuda de 200.000 euros a la empresa Agrodoñana Integral, al no estar acreditado que conociera las irregularidades que "viciaban" su concesión.
La Sección Primera del tribunal provincial ha condenado en cambio a nueve meses de cárcel al representante de la empresa que recibió la ayuda como cooperador necesario de los delitos de prevaricación y malversación, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso EFE este viernes.
Los magistrados condenan al representante de la empresa como cooperador necesario de los delitos de prevaricación y malversación con las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, y le impone 21 meses de inhabilitación por el primer delito y nueve meses de prisión e inhabilitación por 18 meses por el segundo.
La Audiencia considera probado la empresa Agrodoñana Integral atravesaba en 2010 por una "grave crisis" económica después de haber solicitado varios créditos y sufrir una situación climatológica adversa durante las temporadas 2008 2009, con "serios problemas de liquidez" que habían determinado el corte de suministros esenciales como el agua en una empresa dedicada a la actividad agrícola.
En este contexto, estando casi "abocada al cierre y agotado el crédito bancario", llegó a su administrador la existencia de ayudas y subvenciones que podían solicitarse a la Dirección General de Empleo, "obteniendo un compromiso verbal de Juan Márquez (entonces director general de Trabajo) para que le fuese concedida".
En marzo de 2010, "prescindiendo de forma completa del procedimiento legalmente establecido", se concedió una ayuda sociolaboral excepcional para garantizar la permanencia de sus trabajadores, con carácter de urgencia, por parte de la Dirección General de Trabajo.
Se acordó distribuir los fondos de unos 200.000 euros entre cuatro trabajadores de la empresa que se relacionaban en un anexo adjunto a la resolución.
La Audiencia añade que, el 6 de abril de 2010, cesó como director general de Trabajo Juan Márquez y fue designado en el cargo Daniel Alberto Rivera, quien más adelante firmó la resolución que confirmó el pago de la ayuda sociolaboral excepcional a los trabajadores.
Aunque la ayuda abonada en la cuenta de Agrodoñana (75 por ciento del importe concedido) tenía como destinatarios a cuatro trabajadores, en realidad el importe fue destinado por el empresario condenado a solventar los problemas de liquidez que atravesaba la empresa.
Los magistrados consideran probado que el administrador único de la mercantil tenía constancia de que las ayudas se habían concedido "de forma irregular y arbitraria", de acuerdo con un procedimiento que eludía el control de la disposición de los fondos públicos, sin una mínima tramitación previa y a través de un mero acuerdo verbal alcanzado con Juan Márquez.
La Audiencia considera que, en el caso del ex director general de Trabajo acusado, no consta acreditado que fuera conocedor de las numerosas irregularidades que "viciaban la concesión", y además propuso la incoación de expediente de revisión de oficio para declarar la nulidad de la resolución dictada. EFE
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