El Ciudadano
En una decisión unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia decretó la absolución de 18 comuneros mapuche que enfrentaban acusaciones por su presunta participación en el robo de madera en el sector de Trafún, comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos. La justicia determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público resultaban insuficientes para acreditar la existencia de los delitos imputados ni la participación de los acusados en los hechos que se remontan a los años 2018 y 2019.
El juicio oral, que culminó el pasado viernes, se centró en los cargos presentados originalmente por la Fiscalía contra 20 integrantes de comunidades indígenas, quienes eran acusados de hurtar especies nativas desde un predio que sería de propiedad de una empresa forestal en el sector de Trafún. En concreto se le imputaba a los comuneros los delitos de hurto simple y receptación, delitos por los cuales arriesgaban penas privativas de libertad que fluctuaban entre los 3 y los 5 años.
Sin embargo, el tribunal determinó que la teoría del caso presentada por el ente persecutor no logró sostenerse con la evidencia necesaria y estableció de forma categórica que no se entregaron pruebas suficientes para acreditar la participación de los acusados en el robo de madera, lo que derivó en la absolución total de los imputados.
Defensa y comuneros valoran el fallo y apuntan a «criminalización»
La noticia de la absolución fue recibida con satisfacción por parte de los comuneros y sus representantes legales. En declaraciones concedidas a Radio Bío Bío, Cristian Reinahuel, werken de la comunidad Vicente Reinahuel y uno de los absueltos, valoró positivamente el veredicto y puso en entredicho la solidez de la acusación que enfrentaron durante el proceso.
«Claramente carecía de argumento para probar lo que ellos decían y por lo tanto se absolvió a la mayoría de los imputados que somos nosotros. Nosotros desde el principio alegamos y afirmamos que eramos totalmente inocente de la acusación», expresó Reinahuel, quien además destacó el contexto de reivindicación territorial en el que se enmarca el conflicto.
En la misma línea, una de las abogadas defensoras, Orietta Llauca, profundizó en el contexto que rodea al caso, señalando que estas acusaciones no son hechos aislados, sino que responden a una sistemática persecución hacia las comunidades mapuche que buscan recuperar sus territorios ancestrales.
«Hoy día dejamos asentado de cómo se criminaliza gratuitamente al mapuche solo por luchar por su tierra. Claramente la prueba fue insuficiente porque el delito nunca existió por lo tanto Fiscalía no podría tener prueba de aquello que no existió», planteó.
Esta postura fue respaldada por la defensora pública mapuche, Sunem Cárdenas, quien también participó en la representación de los absueltos. Cárdenas fue enfática en señalar que el tribunal pudo constatar lo que la defensa sostuvo desde el inicio: la inexistencia de responsabilidad penal de sus representados.
«Esto ha sido concordante con la teoría del caso que mantenía esta defensa en cuanto a que no se podía comprobar el delito de hurto por el cual se les imputaba a mis representados. Y tampoco se podía comprobar la participación de ellos en el mismo delito. Acá la prueba fue insuficiente y así quedó establecido por parte del tribunal», afirmó Cárdenas.
El conflicto de fondo: La reivindicación de tierras ancestrales
Paralelamente al proceso penal, el caso se inserta en una compleja disputa por la propiedad y el uso de la tierra en el sector de Trafún, que enfrenta a las comunidades indígenas con una empresa forestal.
Cabe recordar que la vista del juicio incluso enfrentó suspensiones, como ocurrió en julio de 2025, cuando la Corte de Apelaciones de Valdivia debió pronunciarse sobre una querella relacionada con una superposición de títulos de dominio.
Según el portal Puelche.cl, este territorio en disputa es un espacio de uso ancestral para las comunidades mapuche, quienes históricamente han recurrido a estos bosques para la obtención de madera destinada a calefacción y para proveer de forraje a sus animales, mucho antes de la llegada de colonos y particulares a principios del siglo XX.
Los abogados defensores contextualizaron que las acciones de los comuneros no pueden desligarse de la reivindicación de derechos territoriales que se arrastra por generaciones.
El sector donde ocurrieron los hechos, Trafún, ubicado a 77 kilómetros de la ciudad de Panguipulli y a 200 kilómetros de Valdivia, constituye un espacio territorial ancestral para el pueblo mapuche. Actualmente, el antiguo Lof Trafunko, reconocido bajo los Títulos de Merced del año 1913 a nombre de Vicente Reinahuel y Juan Painepe, se encuentra fragmentado en cinco comunidades indígenas inscritas en la CONADI: Juan Painepe 1, Juan Painepe 2, Vicente Reinahuel, Kollanco y Vicente Reinahuel Autónoma.
De acuerdo con El Puelche.cl, estas comunidades iniciaron un proceso de reivindicación de su territorio ancestral en febrero de 2011. Este conflicto, que lleva 15 años de lucha, no solo busca la subsistencia material, sino también la conservación y reproducción de la cultura del pueblo mapuche originario en ese espacio.
Las comunidades Vicente Reinahuel, Juan Painepe y Vicente Reinahuel son parte del original Lof Trafunko, nombre que se perdió durante las primeras mensuras y la ocupación de tierras en la zona. El registro del sector pasó a denominarse «Trafún», nombre que persiste hasta hoy, tras la imposición de las reducciones indígenas de 1907, señaló el portal.
Dichas reducciones recortaron drásticamente las tierras del Lof (comunidad ancestral) en dos Títulos de Merced: el N° 2410 para Vicente Reinahuel, otorgado el 5 de enero de 1913, que reconoció 1.357 hectáreas y 45 personas; y el N° 2409 para Juan Painepe, del 30 de diciembre de 1913, que reconoció 286 hectáreas y 10 personas. Estos títulos no reconocieron la totalidad del territorio que el lof utilizaba de manera estacional, un espacio que se extendía desde lo que hoy es el fundo Trafun (actualmente conocido como Las Vertientes) hasta el volcán Quetro Pillan, dentro del Parque Nacional Villarrica.
Según el medio digital de la provincia de Valdivia, un informe antropológico realizado en 2012 identificó al menos 52 sitios de significación cultural en este espacio territorial.
Entre los más relevantes, y que se encuentran en el camino hacia el peweñentu (lugar de Araucarias) o pinaladas, destacan: «Cuche Pewen (Abuela Pewen), Ruka Grürü (Lugar de alojamiento), Aliwe Mawiza (Montaña de las Almas) y Kalfu Lafken (Laguna Azul)».
El estudio señala que estos espacios eran ocupados de manera trashumante por las comunidades. Además, en la zona existían una pampa de Nguillatun y una cancha de palin, que tras los procesos de usurpación, radicación y ocupación por parte de colonos extranjeros y chilenos alrededor de 1940, sumado a la posterior anexión de gran parte del territorio al Parque Nacional Villarrica, fueron abandonados debido a la violencia ejercida en ese entonces, indicó El Puelche. cl.
Sobreseimiento por razones humanitarias y silencio fiscal
En el desarrollo del proceso, también incidieron razones humanitarias. De los 20 acusados originales, dos de ellos no enfrentaron el veredicto de absolución junto al resto, ya que, al encontrarse con cáncer terminal, se solicitó y concedió su sobreseimiento definitivo, separándolos así del proceso penal.
Pese a la relevancia del fallo absolutorio y al contexto de conflicto entre las comunidades y una empresa forestal desde la Fiscalía Regional de Los Ríos optaron por no referirse al caso.
Consultados por Radio Bío Bío, el ente persecutor evitó entregar declaraciones sobre la determinación del tribunal y las críticas realizadas por la defensa respecto a la falta de pruebas en la acusación.
Mientras tanto, las comunidades afectadas presentaron una demanda civil buscando la reivindicación territorial del predio donde ocurrieron los hechos, ya que según indicaron se trata de un sitio ceremonial.
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