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SEÑOR DIRECTOR:

Mucho se ha debatido estas semanas sobre la necesidad de hacer cambios legislativos para modificar el sistema de responsabilidad adolescente vigente hoy en Chile, ya sea para aumentar las penas, juzgarlos como adultos o rebajar la edad de imputabilidad. Lo complejo de este debate es que mientras que la evidencia señala un camino, la acción política es impulsada en sentido contrario por el temor e impresión que causa ver a un joven cometer un delito grave.

Escocia vivió entre 2002 y 2006 una fase punitiva similar a lo que hoy se propone aquí: las derivaciones por delitos subieron 50%, las condenas 19%, los ingresos a la sistema cerrado, 10%. Cuando Escocia decidió abandonar ese camino aumentando la edad de imputabilidad y aplicando un modelo de intervención no punitivo, estos indicadores se redujeron significativamente, sin que la criminalidad juvenil aumentara.

Lo que justificó ese giro descansa en dos bases. La primera es ética: los adolescentes que cometen delitos más graves son simultáneamente los más victimizados y empobrecidos. Su conducta es síntoma de privaciones que no eligieron ni controlan, lo que cuestiona la capacidad de autodeterminación que presupone la imputabilidad penal plena. La segunda es empírica: el contacto con el sistema penal aumenta la reincidencia, porque consolida trayectorias delictivas. Una razón cuestiona la legitimidad de castigar, la otra, su eficacia.

La experiencia escocesa muestra que criminalizar adolescentes no es una política criminal efectiva: es una “inversión” en delincuencia adulta. Cada joven que ingresa al sistema penal y no desiste es un costo que la sociedad pagará durante décadas. Antes de endurecer la respuesta penal adolescente, vale la pena preguntarse quién asume ese costo y si existe alguna razón para preferirlo sobre la alternativa que los datos sugieren.

Francisca Werth

Directora ejecutiva Centro UC Justicia y Sociedad