San José, 15 ago (EFE).- La activista nicaragüense exiliada Claudia Pineda instó este sábado a no normalizar las "graves violaciones" de derechos humanos en Nicaragua desde 2018, a la vez que denunció que al menos cuatro presos políticos murieron en el último año bajo custodia del Estado.
"Las organizaciones de derechos humanos queremos insistir en que lo que pasa en Nicaragua no es normal. No podemos normalizar las graves violaciones a derechos humanos que están ocurriendo", señaló en una conferencia virtual la directora ejecutiva de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ), con sede en Costa Rica.
Pineda recordó que en el último año han muerto bajo custodia del Estado los opositores Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Cepeda, un anónimo, y el exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera.
"El sistema de represión que opera actualmente en Nicaragua funciona a través de un entramado amplio de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, vigilancia y muerte bajo custodia del Estado", advirtió.
En ese sentido, la activista resaltó que cualquier persona, por el hecho de ser percibida como un riesgo para el Gobierno de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo "es detenida, desaparecida y en algunos casos, que ya hemos constatado, asesinada".
"La prisión política es un instrumento de criminalización contra cualquier disidencia real o percibida", alertó Pineda, quien anotó que las detenciones de disidentes y críticos se ejecutan sin orden judicial, mediante allanamientos irregulares y con el uso de fuerzas policiales y parapoliciales.
"Y una vez detenidas -prosiguió- las personas permanecen incomunicadas, sin acceso a defensa, sin información sobre su situación jurídica y sometidos a procesos sin garantías".
Socióloga de profesión, Pineda considera que la prisión política busca quebrar a la persona detenida y al mismo tiempo intimidar a su familia y a su comunidad, al tiempo que denuncia que 23 de los menos 60 opositores y críticos que permanecen encarcelados se encuentran en condición de desaparición forzada.
"Afirmamos que la desaparición forzada ha sido una práctica sistemática, no es un fenómeno aislado" y esas 23 personas han pasado detenidos sin que el Estado informe sobre su paradero, anotó.
Esa opacidad, según Pineda, coloca a esas personas en riesgo extremo de tortura, negligencia médica y muertes, debido a que no están reconocidas en los sistemas penitenciarios, no se entregan informes médicos, no se permiten visitas, no se admiten recursos legales, ni se conoce nada sobre su situación física o legal.
"La peor de las consecuencias y de la desaparición forzada son las muertes bajo custodia estatal, todas precedidas por desapariciones, incomunicación y falta de atención médica", insistió Pineda.
Para la activista, la muerte bajo custodia es responsabilidad directa del Estado, que tiene la obligación de proteger la vida de toda persona detenida, y señala que esos casos constituyen violaciones graves del derecho internacional, incluyendo la Convención contra la Tortura y la Convención contra las Desapariciones Forzadas.EFE
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