Una grave denuncia por acoso laboral y violencia en el trabajo presentó el Defensor Regional de Valparaíso, Sebastián Salinero, en contra de la Defensora Nacional, Verónica Encina, acusando una serie de acciones sistemáticas que habrían afectado su salud psicológica, su carrera funcionaria y su dignidad personal.
El documento, ingresado ante el Ministerio de Justicia, sostiene que las conductas denunciadas constituyen un patrón de hostigamiento prolongado —calificado como “mobbing laboral”— destinado a forzar su salida del cargo.
Según la presentación, el conflicto se origina en un sumario administrativo instruido en su contra en 2025, en el cual Salinero fue suspendido preventivamente de sus funciones como Defensor Regional. El denunciante afirma que esta medida se ha extendido por más de siete meses, excediendo plazos razonables y afectando gravemente su desempeño profesional.
Además, asegura que durante el proceso se habrían vulnerado garantías básicas, como el acceso a antecedentes del expediente, el derecho a defensa y el principio de imparcialidad, acusando decisiones “carentes de motivación y juridicidad”.
El escrito detalla una serie de hechos que, a juicio del denunciante, configuran acoso laboral. Entre ellos, la pérdida de acceso a correo institucional y plataformas internas, su exclusión de canales oficiales de comunicación y un intento de eliminarlo del organigrama institucional.
Asimismo, denuncia haber sido marginado de grupos de mensajería institucional y expuesto públicamente a través de filtraciones del sumario a medios de comunicación, pese al carácter reservado de este tipo de procesos.
El documento, al cual tuvo acceso El Periodista, señala que estas situaciones han tenido consecuencias directas en la salud del denunciante, quien fue diagnosticado con un trastorno adaptativo con síntomas ansioso-depresivos en el contexto del proceso administrativo.
También afirma haber sufrido perjuicios económicos, como descuentos en sus remuneraciones durante el período de suspensión, así como daños en su trayectoria profesional, incluyendo su desvinculación de actividades académicas.
Solicitud de investigación
En la parte final, Salinero solicita la instrucción de un sumario administrativo en contra de la Defensora Nacional y de la fiscal a cargo del proceso, acusando “abiertas ilegalidades e inconstitucionalidades” en la tramitación del caso.
La denuncia se fundamenta en la Ley N° 21.643 —conocida como Ley Karin— y en normas constitucionales que resguardan la integridad psíquica, la honra y la dignidad de los trabajadores, además de principios de confidencialidad y debido proceso en investigaciones por acoso laboral.
El caso abre un nuevo flanco en la Defensoría Penal Pública, en medio de cuestionamientos sobre el manejo interno de denuncias y el respeto a las garantías de los funcionarios públicos.
De acusado a acusador
Las acusaciones contra Sebastián Salinero se originan en un sumario administrativo instruido en 2025, a partir de una denuncia por presunto acoso laboral presentada por una funcionaria de la Defensoría Penal Pública.
En ese contexto, se investigan eventuales infracciones a la Ley N° 21.643 (Ley Karin), relacionadas con conductas que habrían afectado el ambiente laboral y el trato hacia personal bajo su dependencia.
Como medida preventiva, Salinero fue suspendido de sus funciones mientras se desarrolla la investigación, la cual incluso contempló en una etapa inicial una propuesta de destitución —posteriormente rechazada—, manteniéndose el proceso aún en curso.
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