Acusan de “traición a la patria” a congresistas que solicitaron medidas a la Cidh por amenazas de Gustavo Petro

Acusan de “traición a la patria” a congresistas que solicitaron medidas a la Cidh por amenazas de Gustavo Petro

Una acción ciudadana del abogado Jhon Jairo Turizo Hernández, radicada ante la Corte Suprema, busca que se investigue a los parlamentarios que acudieron a Washington (Estados Unidos), debido a sus peticiones, al parecer, injerencistas

La Corte Suprema de Justicia recibió una denuncia penal instaurada por Jhon Jairo Turizo Hernández, un abogado cercano al petrismo, a juzgar por sus publicaciones en redes sociales, en el que acusó a varios congresistas de diferentes partidos políticos de cometer el delito de traición a la patria, establecido en el artículo 455 del Código Penal, tras su más reciente visita a Washington (Estados Unidos).

Turzi Hernández señaló de esta conducta al grupo de congresistas que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para solicitar medidas cautelares contra los ataques del presidente Gustavo Petro. Son ellos, Efraín Cepeda, Mauricio Gómez Amín, Honorio Henríquez, Juan Carlos Garcés, Nicolás Echeverry, Carlos Abraham Jiménez, Lorena Ríos, Katherine Miranda y Berenice Bedoya.

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De acuerdo con el documento presentado, el abogado sostiene que la reunión de los legisladores con la Cidh consistió en “hablar mal del país” ante un organismo internacional, lo que justificaría la acusación de traición a la patria. Y fundamentó su reclamo en que congresistas implicados, entre ellos Cepeda como presidente del órgano legislativo, podría representar un ataque a la soberanía nacional.

Sin embargo, esta denuncia ha generado controversia al ignorar que el desplazamiento de los congresistas no fue individual, sino producto de una decisión multipartidista para solicitar la intervención de Cidh. Esto frente a los constantes ataques emitidos por el presidente de la República, Gustavo Petro, a los congresistas que se han opuesto a la aprobación de sus reformas en su tránsito legislativo.

La labor del denunciante ha sido señalada, según Semana, en múltiples ocasiones por no llegar a feliz término y congestionar con ello el sistema judicial. En este caso, uno de los riesgos es que la acción penal podría carecer de fundamento sólido, dado que las actuaciones de los congresistas forman parte de sus facultades como legisladores dentro de un sistema democrático.

La denuncia de los congresistas en EE. UU. contra Gustavo Petro

Es válido destacar que la delegación puso de conocimiento ante la Cidh una “situación de extrema gravedad y urgencia”, frente a los señalamientos de todo tipo que han recibido por el primer mandatario; en específico Cepeda, como presidente del Congreso, y los senadores miembros de la Comisión Séptima de la corporación, que hundieron en bloque (ocho votos) la reforma laboral.

“Denunciamos ante la Cidh, el permanente hostigamiento que ha sufrido el Congreso de la República por ejercer sus funciones legales y constitucionales. La democracia, la separación de poderes, la libertad religiosa y el Estado de derecho deben primar en Colombia y hoy se encuentran bajo amenaza”, expresó el senador del Centro Democrático Honorio Henríquez, en su cuenta de X.

“El Gobierno no ha cumplido con las decisiones judiciales de ajustar la UPC y presupuestos máximos, siguen poniendo en riesgo la salud y vida de los colombianos”, agregó el senador magdalenense, que es pieza clave del grupo de ocho senadores que ya tumbó uno de los proyectos de ley bandera del Gobierno Petro en la presente legislatura, y amenaza con hacer lo mismo con la reforma a la salud.

Por su parte, Miranda, fue otra de las voces que presentó quejas ante la Cidh. “He sido señalada públicamente de ‘traidora’, de ‘liderar un golpe blando’ y responsabilizada del hundimiento de reformas. Estas acusaciones han desencadenado campañas de odio, amenazas de muerte y hostigamientos digitales y físicos, poniendo en riesgo mi vida, la de mi hija y la de mi equipo”, afirmó con miedo la representante.

Hasta el momento, no se ha conocido un plazo claro para que el alto tribunal se pronuncie respecto a la admisión o desestimación de la denuncia penal. Este caso se suma a la tensión política que rodea las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, como parte de los profundos desacuerdos frente a las reformas propuestas por la administración de Petro, a la que le restan 16 meses.