Adiós a los niños

¿Cuánto vale la vida de un niño -o de veinte mil- cuando hay un negocio de ciberseguridad o un convenio hídrico de por medio? Esta pregunta debería remecer los pasillos de La Moneda y de los municipios del país, donde hoy se impone un pragmatismo que separa las relaciones comerciales de los derechos humanos. A estas alturas, la contradicción es insostenible: en la misma semana en que Naciones Unidas ratificó el genocidio contra el pueblo palestino, confirmando que el gobierno y el ejército israelí han atacado deliberadamente a la infancia, las autoridades chilenas continúan estrechando vínculos con Israel en reuniones oficiales de cooperación y comercio.

El marco legal de estas atrocidades quedó registrado en el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, titulado “La esencia de la infancia ha sido destruida”. Este documento, el segundo emitido por el organismo en menos de dos años, enfoca su análisis en el impacto de la ocupación sobre la infancia de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, tipificando los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, en un patrón destinado a destruir la continuidad biológica y el futuro de la población palestina. No estamos en los años treinta del siglo pasado. Y usted ha leído bien: la comunidad internacional acaba de constatar, con base científica y jurídica, el intento de borrar el porvenir de un pueblo destruyendo a sus niños.

Las cifras de la investigación registran al menos 20.179 niños palestinos asesinados en la Franja de Gaza durante el periodo auditado por la ONU (entre octubre de 2023 y octubre de 2025); esto es, un tercio del total de las víctimas mortales. El informe detalla el uso de armas de precisión, francotiradores y drones dirigidos contra menores en escuelas, hospitales y orfanatos. En Cisjordania y Jerusalén Este, en tanto, Naciones Unidas documenta una campaña de detenciones arbitrarias masivas, tortura, desnudamiento forzado y violencia sexual contra niños en prisiones militares, junto al avance sin sanción de la violencia de los colonos.

Al comentar los resultados del informe, el comisionado australiano Chris Sidoti interrogó directamente a la población israelí, en una interpelación que debiese alertarnos a todos: “¿Qué clase de personas son sus soldados, que permiten que un niño de 14 años se desangre hasta morir durante 40 o 45 minutos? ¿Y qué clase de personas son sus líderes militares, que inculcan una cultura en la que estos soldados se sienten libres para actuar de esa manera, con total impunidad? Y finalmente: ¿Qué clase de personas son sus líderes, cuando dan órdenes y hacen declaraciones que fomentan este tipo de conductas, y no sólo las permiten?”

En cualquier Estado alineado con los principios del derecho internacional, un informe de esta magnitud alteraría la agenda exterior o derivaría al menos en explicaciones de las autoridades. En Chile, sin embargo, las prioridades del Gobierno parecen inmunes a estos hallazgos. Como prueba de ello, el mismo día de la presentación de este informe en Naciones Unidas, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, recibía al embajador israelí, Peleg Lewi, en un encuentro difundido en cuentas institucionales como una jornada “muy productiva”. Días después, fue el propio presidente Kast quien ratificaba la postura de su administración en una audiencia oficial con el diplomático. Y luego, el propio Lewi difundió la fotografía del encuentro en la red social X, celebrando un «compromiso mutuo» para profundizar vínculos con Chile, justo cuando el Estado al que este sui generis embajador personifica enfrenta la mayor acusación de infanticidio de este siglo.

Esta desconexión ética y jurídica no es exclusiva del gobierno central. Cuando el genocidio palestino ingresa a la agenda local, la respuesta de muchas autoridades y líderes políticos corea el mismo mantra: «No importemos el conflicto». Se lo escuchamos repetir al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, para frenar la iniciativa ciudadana que buscaba restituir el nombre patrimonial de “Nueva Ñuñoa” a una calle que aún homenajea al Estado genocida. Y lo volvimos a escuchar esta semana en boca de la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat, quien junto a sus pares Rodrigo Martínez de Casablanca y Elizabeth Arévalo de Rapa Nui, viajaron a un encuentro de municipios en Tel Aviv. Al justificar su asistencia, la alcaldesa Rossat defendió la travesía con estas palabras: “Me parece ridículo importar un conflicto internacional. Esto es para ver temas hídricos. Israel es líder en esas materias y este viaje solo trae beneficios. Me siento muy honrada con la invitación”.

¿Cómo pretendemos sostener el futuro de nuestras llamadas “democracias” si aceptamos la premisa de que hay vidas humanas que no vale la pena proteger?

Con este pragmatismo intentan, probablemente, convencerse de que la tecnología de riego o la innovación agrícola son neutras. Pero lo que las autoridades omiten -o prefieren ignorar- es que la denominada “vanguardia hídrica” de Israel no es un maná caído del cielo: se ha construido sobre el despojo de los acuíferos palestinos en Cisjordania y la deshidratación planificada de la Franja de Gaza. Adquirir esa tecnología no es un mero asunto técnico; es validar los mecanismos de una ocupación ilegal que sustenta el contraste entre asentamientos israelíes con piscinas de agua cristalina y las aldeas palestinas, cuyos pozos ancestrales son cegados con cemento por colonos y militares, en un lugar en el que el acceso al agua decide muchas veces la vida. Algo que sí fue seguramente ponderado por el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, al rechazar la invitación de la embajada israelí.

Con todo, a estas alturas queda claro que la consigna «no importemos el conflicto» es solo una declaración de conveniencia. Un llamado a ignorar el exterminio de civiles para asegurar que los flujos económicos permanezcan intactos. En buen español: quiten sus escrúpulos humanitarios de nuestros negocios. ¡Es la economía, estúpidos!

Y este es el espíritu que parece alentar la profundización de vínculos con Israel por parte del gobierno chileno, a una velocidad que elude el debate público. El Ejecutivo avanza sin minutas ni argumentos que expliquen cómo se compatibiliza esta restauración sionista con la histórica tradición chilena de respeto a la legalidad internacional. Se opta por la política de los hechos consumados y la difusión de algunas fotos amables en redes sociales, que pretenden acaso lavar con diplomacia la sangre de decenas de miles de niños y niñas, convirtiendo las plataformas oficiales en vitrinas de propaganda para un Estado históricamente violador del derecho internacional.

Pero Chile merece más que la aplanadora ideológica de un gobierno que, por omisión y conveniencia, nos vuelve cómplices. Merecemos explicaciones concretas, no una irresponsable agenda de negocios que avanza a pasos agigantados a espaldas de la ciudadanía y de la justicia internacional. Porque mientras las preguntas formuladas en Naciones Unidas sigan sin respuesta, cada reunión con el Estado israelí calificada de “productiva” pesará en nuestra historia como una vergonzosa renuncia a la humanidad, la ética y las leyes.

Ante ello, la interrogante que nos queda es crucial y dolorosa: si las normas creadas tras la Segunda Guerra Mundial no sirven para proteger, como mínimo, a la infancia bajo un exterminio deliberado y documentado, ¿para qué sirven entonces? ¿Cómo pretendemos sostener el futuro de nuestras llamadas “democracias” si aceptamos la premisa de que hay vidas humanas que no vale la pena proteger?

Al normalizar las relaciones con Israel, no solo se importan armas y tecnología; se importa complicidad. Y al hacerlo en silencio, Chile se suma a ese coro indolente que hoy, con un apretón de manos y una calculada sonrisa oficial, parece dispuesto a darle un definitivo adiós a los niños y niñas de Palestina.

Por Eduardo Asfura

Coordinadora por Palestina

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