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La acción judicial está dirigida contra Lorena Casarín, quien encabezó el Departamento de Salud de la Corporación Municipal entre 2013 y 2024. El escrito sostiene que durante su gestión se habrían autorizado pagos sin el debido respaldo, suscrito contratos irregulares y producido deficiencias en los mecanismos de control, situaciones que habrían derivado en un millonario perjuicio para los recursos destinados a la atención primaria de salud.