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Bajo el argumento de que sus acciones «afectan la democracia», el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó formalmente la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez.

La petición fue presentada durante la audiencia de formalización por presunto fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil contra el exmilitante de la UDI, y de este modo el organismo se sumó a la postura del Ministerio Público, al considerar que existen diligencias pendientes y un riesgo real para la institucionalidad que impide optar por medidas cautelares menores.

De acuerdo con la Fiscalía, el exparlamentario, cuyo desafuero fue confirmado por la Corte Suprema en febrero pasado, habría incurrido en un mecanismo reiterado y sistemático para desviar recursos, que incluye la emisión de boletas ideológicamente falsas para gastos de campaña, la creación de un software que habría financiado con fondos de la institución legislativa, y presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de Maipú, mientras su esposa Cathy Barriga ejercía como alcaldesa.

De acuerdo con la investigación, se habrían extendido un total de 34 facturas falsas entre junio de 2017 y noviembre de 2022. Estos documentos habrían sido emitidos por dos imprentas representadas por uno de los otros querellados, Juan Silva Morales, y dirigidos al entonces legislador a través de la mediación de Arnoldo Domínguez.

CDE sobre Lavín León: «Ensucia el prestigio de las instituciones públicas»

Para el CDE, «los hechos que se están investigando y que se están sometiendo a este procedimiento son de extrema gravedad”, declaró ante la prensa el abogado del organismo, Rodrigo Álvarez, quien insistió en la necesidad de aplicar la medida cautelar más gravosa ante la complejidad de los antecedentes expuestos durante la audiencia.

Indicó que las acciones en que habría incurrido Lavín León— a quien se le acusa de presuntamente defraudar al Fisco por un monto superior a los 104 millones de pesos— tuvieron un fuerte impacto tanto en el ámbito institucional como político.

“Provoca perjuicio, altera el funcionamiento de las instituciones, afecta a la democracia, ensucia el prestigio de las instituciones públicas como el Congreso Nacional, genera mucho daño, es una conducta criminógena muy negativa”, afirmó el representante del CDE-

Destacó que todos estos efectos fueron presentados ante el tribunal durante la audiencia para justificar la solicitud de prisión preventiva, consignó Diario U. de Chile.

A su juicio, no existe otra medida cautelar que sea suficiente «y que sea proporcional para cautelar los fines del procedimiento y para proteger la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación”.

Para el CDE todavía existen diligencias pendientes y riesgos para el desarrollo de la investigación, que hacen necesario que tanto el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez cumplan prisión preventiva mientras avanza el proceso.

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